Diez policías cobraron 50 millones de pesos en falso procedimiento judicial

En las últimas horas, autoridades lograron la captura de 10 oficiales en servicio activo de la Policía Nacional, acusados de llevar a cabo un procedimiento judicial falso en el que se retuvo, aparentemente, a una mujer junto a sus dos hijas menores de edad.

Según la investigación llevada a cabo por un fiscal delegado ante el Tribunal, los implicados, en agosto pasado, habrían realizado un allanamiento sin la debida orden judicial en una residencia ubicada en el barrio Paz y Progreso de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Durante este suceso, al parecer, mantuvieron a la mujer y a las dos niñas retenidas por varias horas.

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Los intendentes Iván Reinaldo López Rangel y Wilson Carrillo Celis; el subintendente Reynaldo José Chaustre Zambrano; y los patrulleros Jairo Antonio Martínez Cuadros, Paola Andrea Peralta Becerra, Deiby Johan Báez Guerrero, Wilmer Ismael Forero Torres, Gerson Ferney Lindarte Ramírez, Ramón Alberto Martínez Becerra y Hervin Danilo Velandia Vivas, fueron detenidos por estos hechos.

Las investigaciones aseguran que los implicados habrían demandado una suma de 50 millones de pesos a cambio de no proceder con la detención y de no entregar a las menores al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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Durante el supuesto procedimiento, los oficiales encontraron varias cajas de mercancía, incluyendo jeans y cigarrillos, que, según ellos, carecían de documentación y respaldo que demostrara su legal procedencia. No obstante, la víctima aseguró que la mercancía pertenecía legítimamente a su hermana.

De acuerdo con los testimonios recabados, la hermana llegó a la vivienda poco después y, al parecer, los implicados le exigieron una suma de 40 millones de pesos. La mujer habría consignado 20 millones y se le dio un plazo para entregar el resto del dinero más tarde ese mismo día.

Las detenciones fueron autorizadas por un juez de control de garantías del Circuito Judicial de Cúcuta, en Norte de Santander. La Fiscalía, de acuerdo con sus responsabilidades, les imputó cargos por los delitos de secuestro simple agravado, concusión y falsificación ideológica en documento público. El juez dictaminó medidas cautelares