Ecopetrol expresó su rechazo ante el asesinato de varios líderes sociales
En una comunicación oficial, la petrolera afirmó que "rechaza enfáticamente los asesinatos selectivos que se han registrado durante este año, y en especial en las últimas semanas, contra líderes sociales con influencia en territorios donde la empresa opera o que son estratégicos para la implementación de los acuerdos de paz y el desarrollo de la fase de posconflicto".
La compañía petrolera pidió que se refuercen las medidas especiales para estos líderes, al tiempo que instó a las autoridades a "proteger la vida y la integridad de los líderes sociales, los cuales sin duda van a cumplir un papel muy importante durante esta fase de transición hacia la paz".
Este pedido se une a otro hecho esta semana por la minera Cerro Matoso en la cual le pidió a las autoridades nacionales resultados en la protección de líderes indígenas, amenazados en departamentos como Córdoba.
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La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó recientemente su “preocupación” por el aumento de la violencia contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, que ha dejado 52 muertos en 2016.
“Al 30 de noviembre de este año, la Oficina monitoreo con varias fuentes en terreno 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de derechos humanos. Cinco casos más de homicidios se encuentran aún bajo nuestro análisis”, indicó en un comunicado, advirtiendo sobre un incremento de la delincuencia en lugares que estaban bajo control de la guerrilla Farc.
Las Farc, principal y más antigua guerrilla del país, sellaron el 24 de noviembre un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.
Según la ONU, “13 de los 57 homicidios fueron cometidos” desde la firma el 26 de septiembre del pacto original con las Farc, que fue revisado por las partes para incluir propuestas de la oposición tras haber sido rechazado en un plebiscito.
Siete de estos últimos asesinatos se cometieron en áreas rurales, donde según la ONU la violencia es “persistente” contra defensores de derechos humanos, y “en donde las Farc tenían presencia histórica, y están retirándose”.
El acuerdo de paz estipula la incorporación de las Farc a la vida civil, previa concentración de sus 5.765 miembros en 27 zonas del país para la dejación de armas, en un proceso de seis meses que tendrá supervisión de la ONU.