Emergencia en Hidroituango: continúan labores para mitigar riesgo
La Junta Directiva de EPM aclaró que decisión de la Anla no afecta las obras para reducir los riesgos.
Una vez notificada de la resolución de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que suspende parcialmente las obras de Hidroituango, los trabajos ahora se concentran en mantener el proyecto en unas condiciones seguras, para garantizar el bienestar de las poblaciones que están asentadas aguas abajo del río Cauca.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, presidente de la Junta Directiva de EPM, explicó que la empresa acata la decisión y, por ahora, solo hará las maniobras necesarias para evitar una tragedia. Posteriormente, se presentarán los estudios para concluir la hidroeléctrica, que generaría 2 mil 400 megavatios.
“En nada impide que se continúen con las obras que venimos haciendo para terminar de eliminar todos los riesgos. Hay dos etapas fundamentales: la primera, que es reducir los riesgos, en la que estamos concentrados; y la segunda, es la recuperación del proyecto, para eso se deben presentar otros estudios, que la empresa está haciendo”, afirmó el mandatario.
En un comunicado, EPM aclaró que se mantiene vigente la licencia ambiental. El acto administrativo de la Anla, que suspende inmediatamente las obras de construcción, llenado y operación del proyecto, estará vigente hasta tanto “un perito experto emita un dictamen sobre las condiciones actuales y futuras de estabilidad” de la obra.
A dos meses de comenzar la contingencia en Hidroituango, el corregimiento de Puerto Valdivia, en Valdivia, es el único que permanece en alerta roja. El caserío está desocupado, porque sus miles de habitantes están en los albergues. En Puerto Valdivia, Cáceres y Tarazá, la alerta se redujo al color naranja.
Decisión “tardía”
El movimiento Ríos Vivos, uno de los mayores opositores del proyecto, celebró que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) haya suspendido parcialmente las obras en Hidroituango, pero advirtió que fue una decisión “tardía” e “imprecisa” porque la resolución no es clara al definir qué trabajos están relacionados con la mitigación del riesgo.
Para evitar un conflicto de interesas entre EPM y el perito que deberá hacer una evaluación de la megaobra, el movimiento pidió que el experto sea contratado directamente por el Estado o la Procuraduría.