EPM le dice a la Fiscalía que ha actuado de manera transparente

A través de un comunicado, Empresas Públicas de Medellín (EPM) respondió a las primeras decisiones de la Fiscalía General de la Nación, frente a presuntas irregularidades en la contratación del megaproyecto de Hidroituango.

La compañía sostuvo que “ ha actuado de manera transparente y en el marco de lo que permite la ley".

La Fiscalía General anunció que imputará cargos a Luis Guillermo Gómez Atehortúa, exgerente de Hidroitunago S.A, y a Luis Javier Vélez Duque, exgerente de EPM Ituango.

Según el ente acusador, Gómez Atehortúa y Vélez Duque serían responsables de los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

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La Fiscalía también llamará a interrogatorio a los exgerentes de EPM Juan Esteban Calle Restrepo y Juan Felipe Gaviria Gutiérrez.

Así mismo, responderán ante la fiscal que lleva el caso Álvaro Villegas Moreno, implicado en el escándalo de Space;  Ana Cristina Moreno Palacios, precandidata a la alcaldía de Medellín; Hugo Alejandro Mora Tamayo, funcionario del IDEA; Jesús Arturo Aristizábal, funcionario de EPM y Maximiliano Valderrama Espinosa, exanalista financiero de EPM.

"La empresa reitera su disposición permanente para colaborar con la Fiscalía en su proceso investigativo, y con todos los entes de control en los requerimientos que se tengan frente al proyecto Hidroituango, tal como lo ha hecho hasta la fecha", precisa el comunicado de EPM.

Según lo dio a conocer el propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez , los contratos para la adjudicación y construcción de la hidroeléctrica habrían sido otorgados “a dedo” a EPM.

La Fiscalía señaló que estos contratos se adjudicaron sin el cumpliento de los principios de “transparencia, selección objetiva y libre competencia buscando el socio estratégico y excluyendo por razones locales a competidores extranjeros, con lo cual vulneró tratados internacionales suscritos con Colombia en materia de contratación pública". 

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Reveló que en marzo de 2010, la junta directiva de Hidroituango decidió suspender durante unas semanas "el proceso de subasta  (...) hasta que la misma junta se volviera a reunir y decidiera si reabría el proceso o lo daba por terminado".