Gobernadores del Caribe presentan ocho propuestas para mejorar el servicio y tarifas de energía
Piden que el Ministerio de Minas y Energía establezca, mediante decreto, mecanismos que garanticen que los subsidios en las tarifas de energía.
Gobernadores y gremios de la región Caribe colombiana tienen listo un documento con ocho propuestas para mejorar el servicio de energía y las tarifas en la costa Caribe. El llamado Pacto Energético, está orientado, además, a garantizar la operación de las empresas del sector.
De esta manera, no descartan ponerlo en marcha durante la cumbre energética en Sincelejo, la cual contaría con la presencia de presidente Gustavo Petro.
"Proponemos que el ministerio de Hacienda otorgue garantías de la Nación para respaldar bonos de alivio tarifario, que se negociarían en mercados de capital y permitirían ampliar el plazo de pago de la opción tarifaria y, por ende, reducir el valor de la factura del servicio de energía", explicó Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla.
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Fernández añadió que "sería ideal que el Gobierno nacional cree mediante una ley que cubra hasta 120 pesos por kilovatio/hora del costo de las pérdidas. Esto beneficiaría a los usuarios de menores ingresos, en mercados con índice de pérdidas mayores al 19%, sería de carácter temporal y se financiaría con recursos del presupuesto general de la Nación o por medio de una sobretasa de cinco pesos por kilovatio en todo el país".
Los otros seis puntos contemplan: que el Ministerio de Minas y Energía establezca, mediante decreto, mecanismos que garanticen que los subsidios en las tarifas de energía lleguen a quienes realmente los necesitan.
Que la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, emita una resolución ampliando el consumo de subsistencia con un valor de 252 kWh/mes en subsidios, en territorios situados entre 0 y 350 metros sobre el nivel del mar y temperaturas mayores a 24 grados centígrados. Aplicaría de acuerdo con el nivel de ingresos de los usuarios y sus condiciones de vida.
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) establezca, mediante resolución, un marco regulatorio que promueva mayor competencia en la generación para que los comercializadores aseguren contratos bilaterales de compra de energía en mejores condiciones de precio y calidad y esos menores costos lleven a bajar las tarifas.
Que el Gobierno Nacional invierta en la modernización de redes de transmisión y distribución de energía eléctrica en la región Caribe, de manera que esos recursos no se incluyan en las tarifas. Esta propuesta se reglamenta vía ley y decreto impulsados por el Ministerio de Minas y Energía.
Que el Gobierno Nacional y sus entidades adscritas gestionen la entrada en operación de nuevos proyectos de generación y transmisión para tener una mayor oferta de energía, lo que deberá reflejarse en precios eficientes a los usuarios de la Región Caribe.
Esto se logra a través de la convocatoria periódica de la Mesa de Alto Nivel del Ministerio de Minas y Energía.
Que el Ministerio de Minas y Energía, mediante decreto, promueva las comunidades energéticas con generación remota de por lo menos 5 MW basada en fuentes solares especialmente para atender a usuarios en condiciones de pobreza.
Por su parte, la Liga Nacional de Usuarios de la región Caribe calificó como "preocupante" que propuesta hable de que los subsidios lleguen a quienes los necesiten, lo cual, para la organización, es parecido al Plan Nacional de Desarrollo actual, el cual se refiere a focalizar subsidios eléctricos.
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"La ampliación del consumo de subsistencia para los subsidios es una bandera que ha tenido la Liga de Usuarios hace años. Una mayor competencia en la generación eléctrica es deseable y sería a largo plazo", aseguraron en un comunicado.
El documento añade que "de ninguna manera estamos de acuerdo con ampliar el plazo del pago de la opción tarifaria, porque sería aplazar la angustia de pagar algo que se debe eliminar, cuando las empresas han obtenido grandes utilidades provenientes de las altas tarifas. Las opciones tarifarias deben ser eliminadas, son una tortura para los usuarios desde que empezaron a ser utilizadas en 2008 en el gobierno de Uribe Vélez".