Gobierno advierte intervención de Fuerza Pública si indígenas bloquean vías

Sin embargo, el Gobierno Nacional aseguró que está dispuesto a dialogar todo lo que sea posible con las comunidades indígenas que protestan en diferentes regiones del país.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien se encuentra en el Cauca participando de las negociaciones con las comunidades, advirtió que habrá intervención de las Fuerza Pública si hay alteración del orden.

“El Gobierno está en la obligación de proteger el derecho de los colombianos que tienen el deseo de movilizarse libremente por el territorio nacional, muchos de ellos se movilizan en función de su derecho al trabajo, luego esos derechos tienen amparo constitucional y el Gobierno está obligado a garantizarlos y protegerlos”, indicó.

“En la medida en que existan bloqueos en las vías de comunicación, vendrá luego la actuación legítima de la autoridad del Estado para impedirlos y con ello garantizar el derecho de los colombianos que no están participando de la protesta”, señaló.

El ministro del Interior espera lograr soluciones prontas que permitan levantar las protestas que lideran las comunidades indígenas en diferentes departamentos.

Los líderes de los más de 100.000 indígenas que mantienen una protesta desde el pasado lunes en 26 departamentos de Colombia informaron que 36 comuneros han salido heridos y 4 han sido capturados por las autoridades, por lo que le exigieron a l Gobierno la instalación de una mesa de negociación nacional. “La Minga Nacional Indígena mantiene la llama en 19 puntos de concentración en el país con más de 100.000 indígenas indignados por la falta de garantías, incumplimiento de más de mil acuerdos y la violación y exterminio de los pueblos aún en tiempos de paz”, indicaron los manifestantes en un comunicado.

Hasta el viernes, cuando se cumplió el quinto día de protestas, el balance daba cuenta de “36 heridos y cuatro comuneros retenidos, entre ellos uno que está en proceso de judicialización en el municipio de Buenaventura”. Por lo anterior, los indígenas exigieron “la instalación de la Mesa de Negociación, en cabeza del presidente colombiano, Juan Manuel Santos; los ministros y todas las entidades e instituciones del Estado”. Al tiempo, solicitaron al Ministerio de Defensa “controlar el accionar desproporcionado e ilegal” de la fuerza pública en los puntos de concentración de la protesta.

Desde el pasado 30 de octubre, los aborígenes paralizan carreteras clave para el país como la Vía Panamericana a su paso por el departamento del Cauca, la región donde las comunidades ancestrales son más poderosas. La protesta indígena eleva la tensión social, principalmente en el sur del país donde el gobierno, bajo presión de Estados Unidos, intenta avanzar en la eliminación concertada o forzosa de narcocultivos ante el aumento de esos plantíos en 2016, cuando el país alcanzó el récord de 146.000 hectáreas sembradas con hoja de coca.

Los campesinos alegan la falta de alternativas para cambiar de actividad, pero el gobierno denuncia la presión de grupos armados dedicados al narcotráfico. Los indígenas representan el 3,4% de los 48 millones de colombianos, según estadísticas oficiales, y son junto con los negros la población más azotada por la violencia y la pobreza.