Gremio de EPS responde a embargo de Contraloría por posible corrupción

El gremio de las EPS aseguró haber actuado con transparencia en el manejo de los recobros hechos al Estado por concepto de servicios prestados que no están en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

Según ACEMI, la Contraloría inició una investigación para determinar si hubo irregularidades en este proceso en el 2009, encontrando que el 99% de los recobros hechos al Fosyga en ese año que ascendieron a 1,8 billones de pesos, cumplieron las normas y fueron debidamente pagados.

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“Solamente sobre el 1% del valor de los recobros analizados, la Contraloría mantuvo su cuestionamiento considerando el concepto de dicha entidad sobre la definición de su inclusión o no en el POS. De estos servicios fue objeto de devolución el 50% y el restante está en controversia en tanto las EPS consideran que tienen el legítimo derecho a su pago”, indica el comunicado.

Afirman además que las medidas cautelares decretadas por ese órgano de control “son de carácter preventivo” y no corresponden a un fallo de fondo.

“Las entidades y los representantes legales afectados por la medida continuarán aclarando la pertinencia de los pagos por los servicios objeto de controversia”, indican.

Las EPS agremiadas se mostraron dispuestas a suministrar toda la información que requiera la Contraloría General de la República y demás entidades supervisión en desarrollo de este proceso de investigación.

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La Contraloría ordenó el embargo de bienes y cuentas bancarias de 10 EPS y cinco de sus representantes legales por presuntamente cobrar suministros, medicamentos y procedimientos médicos al Fosyga como si no estuvieran incluidos en el POS.

Coomeva, Aliansalud, Famisanar, Salud Total, Sura, Saludcoop, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Cruz Blanca, Cafesalud y Sanitas, son las entidades afectadas con la decisión del organismo de control.

Este es el comunicado de ACEMI

Bogotá, Octubre de 2018- En relación con la actuación de la contraloría General de la república, ACEMI se permite informar lo siguiente:

1. La Contraloría inició en el año 2012 un proceso para determinar si el FOSYGA había pagado a las EPS  recursos no debidos en el proceso de reembolsos por servicios no incluidos en el POS del año 2009.  El valor inicial del proceso era de $1.8 billones.

2. En el proceso de la investigación, la Contraloría pudo corroborar que el 99% de los recobros presentados y pagados por el ministerio de salud –FOSYGA en el 2009, estuvieron presentados de acuerdo con las normas vigentes por lo cual fueron debidamente pagados.

3. Solamente sobre el 1% del valor de los recobros analizados, la Contraloría mantuvo su cuestionamiento considerando el concepto de dicha entidad sobre la definición de su inclusión o no en el POS. De estos servicios fue objeto de devolución el 50% y el restante está en controversia en tanto las EPS consideran que tienen el legítimo derecho a su pago.

4. Es necesario recordar que las EPS tienen la responsabilidad de prestar y financiar los servicios que están definidos como plan de beneficios con cargo a la UPC (antes denominado POS), por los cuales les pagan un valor fijo denominado Unidad de pago por capitación. Lo que no se encuentra en ese listado se conocía con el nombre de NO POS y es obligación del Estado a través de la ADRES (antes FOSYGA) su financiación. Aunque se ha avanzado en claridad sobre la definición de la cobertura y hoy, con la creación de MIPRES, prácticamente se elimina cualquier duda, en el 2009 las coberturas del POS no eran muy claras para algunos de los servicios.

5. Aún no hay fallo de la Contraloría.  Las medidas cautelares decretadas por la Contraloría a través del auto 060 de 2018 son de carácter preventivo y, estamos seguros que, en lo que queda del proceso, las entidades y los representantes legales afectados por la medida continuarán aclarando la pertinencia de los pagos por los servicios objeto de controversia. 

Las EPS agremiadas reiteran su compromiso con la salud de sus afiliados y estarán prestas a suministrar toda la información requerida por la Contraloría y demás entidades de supervisión.