Investigan posible caso de corrupción en la Universidad del Pacífico

Una auditoría financiera que realizó la Contraloría General de la República a la Universidad del Pacífico, sobre la vigencia 2018, determinó graves irregularidades que se traducen en 41 hallazgos administrativos, de los cuales 15 tienen posible incidencia fiscal por 2.324 millones de pesos, 29 presunta connotación disciplinaria y uno probable implicación penal.

Dentro de las irregularidades en el manejo de los recursos se encontraron, entre otros,  la realización de pagos de tarjetas de crédito por 333 millones de pesos sin la autorización respectiva, así como registro en los bancos por 290 millones de pesos, sin contar con los soportes debidos.

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Además, el ente de control señaló que la institución educativa presentó declaraciones tributarias inoportunamente, situación que generó pagos adicionales durante la vigencia 2018, que ascendieron a los 330 millones de pesos. 

A esto se suma el hallazgo de contratos suscritos y pagados durante el año pasado, donde se evidenció que la Universidad no realizó el debido descuento por la estampilla ProDesarrollo de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

Igualmente, se evidenciaron pagos realizados de manera extemporánea por concepto de aportes correspondientes a la Seguridad Social y Fondo de Sostenibilidad, generando intereses de mora.

También se encontraron avances para viáticos y gastos de viaje a funcionarios, sin contar con las resoluciones que amparan la entrega de los recursos, y a la fecha de la auditoría, no se habían legalizado en su totalidad.

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En materia contractual la Contraloría determinó otras graves irregularidades como un posible contrato incumplido para realizar apoyo logístico en la caracterización de las víctimas del conflicto armado en la comuna 10 del distrito de Buenaventura, por 70 millones de pesos.

A las anteriores irregularidades se suma que, a mayo de 2019, los estados financieros con corte 31 de diciembre de 2018, se encontraron sin la aprobación del Consejo Superior y que la Universidad no ha adoptado un Manual de Políticas Contables, en virtud del nuevo marco normativo.