JEP imputa a 8 miembros de FarcEP por crímenes

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho miembros del extinto Secretariado de las Farc-EP por crímenes de lesa humanidad y de guerra en el marco del caso 01, denominado "Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad". Los implicados son Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

La responsabilidad de cada uno varió según su rol dentro de la estructura de mando durante el conflicto armado.

A lo largo del año, la JEP emitirá más decisiones que abordarán la responsabilidad de los mandos medios y de los ejecutores directos de estos hechos. Entre las imputaciones figuran secuestro extorsivo, tortura, homicidio, tratos crueles y desplazamiento forzado, todos crímenes de guerra, como resultado de la toma de rehenes y las condiciones inhumanas a las que fueron sometidos los secuestrados.

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La JEP determinó que las Farc-EP atacaron de manera sistemática y generalizada a la población civil en las zonas donde delinquían y las privaciones graves de libertad, junto con homicidios, torturas y violencia sexual, constituyeron crímenes de lesa humanidad, con el fin de controlar la población, financiar la organización y presionar el intercambio de guerrilleros presos.

Los secuestrados, tanto civiles como miembros de la fuerza pública, vivieron condiciones extremas, entre ellas, torturas físicas y psicológicas, aislamiento forzado y humillación.

A pesar de que existía una supuesta orden de "buen trato" hacia los secuestrados, la realidad fue que esta solo se limitó a la preservación de la vida, dejando a la discreción de los comandantes el trato hacia los cautivos. Muchos relatos de las víctimas y sobrevivientes dieron cuenta de vejámenes, tratos crueles y violencia sexual, con especial énfasis en la vulnerabilidad de niños, niñas y mujeres.

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Los miembros del Secretariado tienen 30 días para reconocer o rechazar las imputaciones, si reconocen su responsabilidad, el caso avanzará hacia una Audiencia de Reconocimiento, y, dependiendo de su contribución a la verdad, el Tribunal de Paz podrá imponer sanciones reparadoras. Si niegan los hechos, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación.

Este Auto también destaca el aporte a la verdad plena, al permitir identificar patrones sistemáticos en la violencia de las Farc -EP, lo cual representa un avance hacia la justicia y la reparación de las víctimas.