A juicio disciplinario gobernador de Arauca por contrato de latas de atún

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, por presuntas irregularidades en la contratación para superar la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19.

Este segundo proceso que enfrenta el funcionario, está relacionado con los presuntos sobrecostos en la contratación de alimentos para 33 mil 437 familias afectadas en medio de la emergencia sanitaria y que fue firmado con la firma Multiservicios Mel SAS Zomac por un valor de $4.463´370.180 pesos.

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En medio de esas investigaciones se evidenció una presunta manipulación de los precios de algunos productos entre los que se destaca el costo de más de 20 mil pesos por cada lata de atún, cuando su valor real es de unos 5.000 pesos en el mercado.

En ese sentido, la Procuraduría y la Contraloría aseguraron que la Gobernación del departamento de Arauca no revisó las cotizaciones más económicas y tampoco un análisis de costo de transporte y logística para entrega de los mercados, lo que habría ocasionado un detrimento público.

Cabe mencionar que por estos mismos hechos, la Procuraduría también investiga a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; el gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez y el profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo.

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El otro proceso contra el gobernador José Facundo Castillo, tiene que ver con la firma de un contrato para eventos y fiestas en el municipio de Cravo Norte, por un valor de 570 millones de pesos en medio de la pandemia por la propagación de la COVID-19.

Frente a ese proceso, La Procuraduría indicó que “se reprochó la presunta violación a los principios de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal”.

El próximo 30 de junio, esa entidad dará a conocer el fallo de primera instancia después de finalizar el juicio disciplinario en contra del funcionario.