La batalla por un hospital de Norte de Santander en medio de la pandemia

Ocaña tiene una población de más de 130.00 habitantes y al estar en zona de frontera con Venezuela ha sido una de las regiones más impactadas en la logística para la atención de ciudadanos migrantes que tienen que recurrir al sistema de salud colombiano para partos, enfermedades de bajo y alto costo y procedimientos que son cubiertos por el gobierno colombiano en la política de ayuda humanitaria por la crisis en Venezuela.

Además de eso, tuvo también que enfrentar la pandemia y Norte de Santander ha sido duramente golpeado por el efecto de la Covid, como lo demuestran las cifras más recientes de ocupación de camas de cuidados intensivos. En medio de esa realidad, el 2020 también ha sido un año de batallas judiciales, amenazas, confrontación política y enfrentamientos que han afectado la administración del hospital Emiro Quintero Cañizares con 11 sedes en Ocaña y municipios cercanos.

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El 3 de noviembre pasado, el líder social Jorge Luis Solano fue asesinado cuando se dirigía hacia su casa. Solano llevaba meses denunciando con asiduidad supuestas irregularidades en el manejo de contratos en el hospital y sus críticas iban siempre con el nombre y apellido del gerente: Jairo Pinzón López.

En un video que publicó en redes antes de su asesinato, dijo textualmente que cualquier cosa que pasara con su vida  era responsabilidad del gerente Pinzón. “Decirle al señor Jairo Pinzón. Usted no pudo con amenazas, no pudo con el soborno y seguramente tampoco podrá por la vida judicial. Le queda una sola vía; la de las armas, la del asesinato conmigo. A mi no me va a sacar del paseo como ha sacado a mucha gente. Aquí la pelea conmigo es diferente. Soy defensor de Derechos Humanos. Así que señor, yo cuido mi vida y cualquier cosa que me pase, repito a la comunidad ocañera, ya sabemos quién puede ser”.

Sin embargo, las autoridades, incluida Human Rights Watch, señalaron que Solano había recibido amenazas recientes del ELN y las principales hipótesis del crimen, en el que ya hay un capturado, apuntan a la guerrilla.

Un mes antes, la Procuraduría General había llamado a juicio al gerente del hospital por denuncias recibidas sobre posibles malos manejos en la adjudicación de contratos para mejoramientos de la infraestructura y adquisición de insumos médicos sin licitación y sin consultarle a la junta directiva.

Luego de eso, la Superintendencia de Salud comunicó el 11 de noviembre que tomaba posesión del hospital por 87 hallazgos en una auditoría reciente. Eso significaba la intervención forzosa del hospital por seis meses. El superintendente delegado dijo entonces que se habían identificado “sobrecostos, anticipos de pago sin justificación, y contratación indiscriminada de personal. Se suscribieron contratos onerosos sin estudio de costos y desarrollo de procesos de contratación en donde cotizaban al mismo tiempo empresas de familiares”.

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Para la Supersalud, 17.000 millones de pesos entre el 2019 y el 2020 habían quedado en manos de 4 proveedores que terminaban contratando con el hospital a través de otras empresas. La decisión de la Superintendencia no fue blanda; ordenó la salida del gerente y de todos los miembros de la junta para designar un agente especial interventor que debía tener plazo de un mes para presentar un plan de saneamiento.

El gerente no se quedó de brazos cruzados. Tras la intervención, Pinzón realizó una acción de tutela alegando su derecho al trabajo y consiguió que un juez ordenara el reintegro a su cargo. Pero, lo más importante, el juez de Cúcuta también ordenó la suspensión de la intervención por parte de la Superintendencia. La entidad examinó el caso y preparó la impugnación a partir de tres recursos que fueron radicados el pasado viernes, cuando se vencía la fecha para responder a la decisión del juez. Ese mismo día, el juez que revisó los tres recursos de la Supersalud le dio la razón al gerente y ratificó la orden de reintegro a la administración del hospital. Hasta la sede del centro médico llegó el gerente acompañado de un personero delegado para asumir de nuevo sus funciones. Paradójicamente su hermano, Saúl Pinzón, es el personero de Ocaña.

Nuevos hallazgos 

La Superintendencia entonces se encuentra evaluando otros recursos legales para impedir que esa decisión judicial en firme se materialice. Pero en las semanas en las que estuvo a cargo del hospital el agente interventor y un auditor que revisó los estados financieros y los contratos del hospital, la entidad encontró nuevos hallazgos. Ya la posible concentración de contratación no era de 17.000 millones. La auditoría encontró que se adjudicaron más de 36.000 millones de pesos en contratos a solo seis contratistas, lo que equivale a al 39 % del presupuesto del 2020.

Un solo contratista recibió cuatro contratos en un año por más de 22.000 millones de pesos. Los otros cinco se ganaron 35 contratos en total por más de 11.200 millones. La Superintendencia también se encuentra revisando una posible nómina paralela con contratos a personal que parecen no tener justificación, procesos judiciales vigentes por 14.000 millones de pesos y un récord de más de 600 citas previas de pacientes que fueron canceladas.

Del otro lado también hay cifras para mostrar. Recientemente el jefe financiero de la ESE certificó que la facturación del hospital creció un 66 % en los últimos cuatro años pasando de 61.000 millones en el 2016, a 99.000 millones en el 2019. Así mismo los gastos y costos pasaron de 56.000 millones a 82.000 millones en las mismas fechas. Según las cuentas de Pinzón, el hospital tiene activos de 148.000 millones y pasivos de sol0 19.000 millones. También aseguran que la administración de Pinzón comenzó con solo 90 camas para hospitalización y pasó a tener más de 123. En camas de observación pasaron de 15 a 71, además de ahorros por más de 12.000 millones en cuentas bancarias.

En el debate también participa el senador de la región Ciro Rodríguez del Partido Conservador, que ha defendido la gestión del gerente Pinzón y ha cuestionado al superintendente Fabio Aristizabal, con una intervención que en su opinión es excesiva, innecesaria y violatoria del debido proceso.

Mientras que la Supersalud logra dilucidar a qué recursos legales puede acudir para seguir en firme con la intervención, el gerente que está al mismo tiempo enfrentando un juicio disciplinario y con compulsa de copias penales seguirá administrando los recursos de uno de los hospitales más importantes de Norte de Santander durante la pandemia, asegurando a la par que se trata de una persecución del superintendente; crítica que se ha dado en otras regiones por intervenciones similares.

Las respuestas del gerente

¿Es verdad que usted se presentó el pasado viernes en el Hospital Emiro Quintero acompañado de un Personero delegado para hacer valer la decisión de tutela en su favor, siendo el personero del municipio su señor hermano?

Sí, toda vez que decidí dar a conocer al agente Interventor el fallo de tutela bajo radicado  No 2020-00251-00 de fecha 15 de Diciembre de 2020  en donde en su parte resolutiva el Juez de Tutela amparó mi derecho fundamental al debido proceso y se ordenó a la Superintendencia de Salud mi reintegro al cargo de gerente de la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares. Al respecto, debo indicar que soy una persona que siempre he actuado con apego a la normatividad y la ley; por ello, emití comunicación a la Fuerza Pública, Procuraduría y Personería, para que realizarán acompañamiento y a su vez fueran garantes del cumplimiento de la sentencia de tutela. En consecuencia, el pasado viernes se presentó una funcionaria delegada de la Personería, la cual presentó acto administrativo por medio del cual la facultaban como Personera Municipal AD-HOC Y AD-HONOREN, toda vez que el personero se declaró impedido para hacer presencia en la diligencia.

¿Qué responde usted sobre los hallazgos del auditor actual del hospital de favorecimiento a seis contratistas en más de 35.000 millones de pesos?

A la fecha, no recibí ninguna notificación por parte del agente interventor respecto de ninguna clase de hallazgos. Debo indicar que de manera oficiosa solicité al Dr. YAMIL BLEL, agente Interventor, me fuera informada de manera oportuna cualquiera que fuera de mi competencia. 
Sin embargo y de manera diligente, respondí a los hallazgos presentados por la Superintendencia de Salud, los mismos fueron respondidos en los términos concedidos, aportando material probatorio suficiente con los cuales se logró desvirtuar la mayoría de lo indicado.

¿Por qué el hospital tiene 600 citas agendadas que fueron canceladas durante su administración y procesos judiciales vigentes por 14.000 millones de pesos?

Como es de público conocimiento, el pasado 18 de mayo del corriente, la Procuraduría Segunda Delegada decretó medida de suspensión provisional a mi cargo como gerente de la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares, nombrando un gerente encargado. Teniendo en cuenta que para la fecha que usted indica me encontraba separado del cargo, no puedo responder por las razones que el entonces gerente encargado haya tomado y es a él a quien se le debería consultar. 
Cabe resaltar que la mencionada medida de suspensión fue revocada el pasado 24 de septiembre y fui reintegrado en derecho a mi cargo como gerente. Por ello, sé que la Emergencia Sanitaria, Urgencia Manifiesta y la Alerta Roja decretada a nivel nacional a través de sendos decretos, prohibió las aglomeraciones; por ello, al igual que en la mayoría de los hospitales y a petición de los entes y de las EPS, se suspendieron consultas generales y algunos procedimientos quirúrgicos. 

¿Usted ha sido llamado por cualquier ente de control a declarar o en cualquier procedimiento por el asesinato al señor Jorge Solano?

Debo indicar que el dia seis  de Noviembre de 2020,    Fui citado en una (1) ocasión, a través de la Fiscalía Seccional de Ocaña, para ser escuchado al respecto de las denuncias que en su momento el Señor Jorge Solano realizó en contra de varios funcionarios públicos de la región responsabilizándolos, además de mí y en diferentes momentos, de su integridad,  es menester indicar  que el ente  requeria saber  del suscrito  ante la cantidad de anotaciones que tenía el occiso como indiciado, si yo lo había denunciado, y comenté que me había sido preciso instaurarle dos denuncias por calumnia e injuria.

Al respecto, como hombre de fe que siempre he buscado salvaguardar la vida de cada persona desde cualquier posición que desempeñe, debo ratificar que rechacé y rechazo categóricamente este asesinato, al igual que el de diferentes líderes sociales a nivel nacional. Además, que el pasado 5 de noviembre presenté ante la directora Seccional de Fiscalías de Norte de Santander, derecho de petición solicitando al ente investigador realizara la correspondiente, pronta y exhaustiva investigación que permitiera identificar a los responsables de este homicidio. 

¿En qué etapa procesal exacta va su proceso en la Procuraduría General?

Como es de público conocimiento, fui reintegrado a mi cargo, toda vez que logré demostrar en derecho ante el ente disciplinario la violación al debido proceso. Por su parte, el proceso se encuentra a la espera que se fije fecha de audiencia de pruebas, la cual fue solicitada por mi parte.