La razón por la que ordenaron el arresto del alcalde de Valledupar

El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar ordenó a la Policía Metropolitana de Valledupar ejecutar una sanción de arresto de tres días contra el alcalde de la ciudad, Ernesto Miguel Orozco Durán. 

Esta medida fue tomada debido al incumplimiento de la sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional, relacionada con el desalojo de ocupantes en un extenso predio de la capital del Cesar, donde hace más de 11 años se establecieron invasiones.

Actualmente, miles de personas viven en estas tierras, muchas de las cuales se consideran víctimas del conflicto armado y se niegan a desalojar sin garantías adecuadas.

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El proceso ha estado en curso durante varios años, y el Juzgado previamente inició un incidente de desacato a petición de los herederos de Alberto Pimienta Cotes, propietarios del predio, para hacer cumplir la sentencia de la Corte Constitucional.

La sentencia T-946 de 2011 establece que los ocupantes, aproximadamente 800 familias, incluyendo unos 1.600 niños y 1.400 adultos según datos de 2011, son sujetos de especial protección constitucional.

“Aunque la administración municipal fijó la fecha del desalojo para el 30 de octubre de 2024, esta acción no cumple completamente con la orden de tutela de la Corte Constitucional. El despacho no accede a la solicitud de inaplicación de la sanción debido a que, si bien la Alcaldía municipal de Valledupar ha fijado fecha para desalojo, esta no materializa completamente el cumplimiento de la orden de tutela emanada por la Corte Constitucional", se lee en el fallo.

Por su parte, el alcalde Ernesto Orozco aseguró que "las condiciones han cambiado totalmente" y que el desalojo podría llevar a una crisis humanitaria. 

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"Estamos pidiendo ayuda al Gobierno Nacional porque la misma sentencia nos pide que garanticemos la vivienda y el tema de albergues para esas personas que están ahí", sostuvo.