Más de dos mil personas desplazadas en Antioquia, durante lo corrido de 2021

Rodeados por un conflicto que no les pertenece, los integrantes de varias comunidades indígenas y campesinas en cuatro municipios antioqueños han abandonado sus territorios durante los primeros 62 días del año.

Aunque la distancia entre Peque, Murindó, Ituango y Cáceres es de varios kilómetros, a estos 2.022 pobladores los une la incertidumbre por no saber si podrán regresar.  

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Los Caparros, El Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN se financian por medio de la minería ilegal de oro y el narcotráfico que tienen como escenario los territorios ya mencionados. 

Ariel Ávila, subdirector de la fundación paz y reconciliación, explicó que justamente el incremento del precio de compra en la pasta base para la cocaína, ha recrudecido un conflicto armado que traerá como consecuencia a mediano plazo un “etnocidio”. 

El analista político aseguró que “no hay un sistema de protección colectiva. Los grupos armados se encienden contra los grupos indígenas, la guardia indígena está brutalmente amenazada”. 

Hernán Álvarez, politólogo y exalcalde de Ituango, asegura que en el caso de esta localidad, la ubicación ha dejado vulnerables a los habitantes de la zona rural que tienen sus cultivos y resguardos en un punto estratégico para el transporte de drogas y mercancía. 

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El exmandatario manifestó que “el municipio es muy importante para ellos porque, para comunicarse entre Urabá y Bajo Cauca, necesariamente se tiene que pasar por Ituango; también la comunicación con el sur de Córdoba y hacia el occidente de Antioquia se hace por la localidad”.  

En reiteradas oportunidades, la ONU ha advertido sobre las consecuencias sociales y económicas de los desplazamientos masivos forzados, Ariel Ávila señaló que a esto se le suma una inminente emergencia ambiental por la sobre explotación de los recursos naturales, y la desaparición de culturas ancestrales que se están desvaneciendo en medio de la pobreza.