MinEducación ordenó medidas preventivas a varias universidades de Colombia

Gina Parody, ministra de Educación, dijo en LA F.m. que las universidades estaban entregando títulos sin los requisitos legales

 

 

 

Así lo anunció la ministra de Educación, Gina Parody, quien señaló que la cartera, dentro de las facultades de inspección y vigilancia, ordenó medidas que van desde un plan de mejoramiento, el envío de inspectores in Situ, la constitución de una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas hasta la suspensión temporal y preventivamente del trámite de las solicitudes de nuevos registros calificados o renovaciones y acreditaciones. 

 

“La educación es un servicio y no un negocio”, puntualizó la ministra al señalar que la cartera a su cargo está liderando la transformación de la educación superior para que esta sea prestada en óptimas condiciones de calidad. 

 

 

Incumplimiento en la integración, funciones y operatividad de los órganos de gobierno y dirección de la Corporación.

 

Deficiencias en la expedición y vigencia de los documentos de política institucional (Plan de Desarrollo, PEI).

 

Desarrollo del programa de Derecho en modalidades no autorizadas por el Ministerio. 

 

Elaboración irregular de Estados Financieros, los cuales no han sido dictaminados por el revisor fiscal.

 

Inexistencia de información y soportes así como la no aprobación del presupuesto de ingresos y gastos.

 

 

La institución no reporta información a la DIAN. 

 

Se evidenciaron inconsistencias entre los estudiantes matriculados y los estudiantes registrados en el Sistema Q10 (Sistema de Información de Registro y Control de la Corporación) y en el sistema SNIES.

 

Se encontraron convenios sin firma y sin soportes físicos.

 

Los contratos de personal administrativo y docente no contienen la información que acredite el cumplimiento de la formación e idoneidad. 

 

La Institución recibió y graduó estudiantes sin que éstos hayan cumplido con los requisitos exigidos en el reglamento estudiantil y otorgó títulos en el programa de derecho a estudiantes que no cursaron ni aprobaron el consultorio jurídico y los exámenes preparatorios; requisitos obligatorios para otorgar este título. 

 

De los estudiantes graduados sin el cumplimiento de los requisitos, se evidenció que éstos realizaron en un solo pago el valor total de la matrícula de todo el programa académico, pagos que se hacían meses antes de los grados de dichos estudiantes y que revisadas las carpetas académicas de éstos, no se evidenciaron soportes que den cuenta que éstos hayan cursado efectivamente el programa académico. 

 

Por lo anterior, el Ministerio ordenó a la Corporación Universitaria de Colombia Ideas lo siguiente:

 

1. Presentar un Plan de Mejoramiento tendiente a corregir en el menor término los hallazgos encontrados.

 

2. Disponer la vigilancia especial a la Corporación Universitaria de Colombia Ideas, por lo cual se designará Inspector in Situ para que vigile permanentemente a la institución y mientras subsista la situación.

 

3. Ordenar la suspensión temporal del trámite de las solicitudes de nuevos registros calificados o renovaciones y acreditaciones que la Corporación Ideas tenga en proceso. 

 

 

Incumplimiento en la integración, funciones y operatividad de los órganos de gobierno y dirección de la Universidad.

 

Deficiencias en la expedición de los documentos de política institucional (Plan de Desarrollo, PEI).

 

La Universidad atraviesa una grave situación económica, toda vez que no tiene capacidad de pago de sus deudas a corto plazo, como tampoco para atender su operación normal de funcionamiento, lo que ha ocasionado que los docentes ante la falta de pago, no continúen con sus actividades académicas.

 

Irregularidades en los procesos contractuales.

 

La Universidad matriculó estudiantes sin que estos cumplieran los requisitos exigidos en las normas internas de la Institución para el ingreso a los programas académicos. 

 

La Universidad no invierte recursos en la adquisición de equipos de cómputo que respondan a las necesidades actuales de los estudiantes, sus salas de informática tiene equipos que datan de los años 80 y 90.

 

Sus directivos no cumplen con los requisitos establecidos en las normas internas para ocupar esos cargos. 

 

La Universidad homologó contenidos cursados por estudiantes en la opción de grado denominada “Seminario profundización posgradual” en un programa de especialización de Derechos Humanos, incumpliendo con lo establecidos en la Ley 30 de 1992, para el ingreso a los diferentes programas de Educación Superior.

 

Los estados financieros no demuestran la realidad financiera de la Universidad. 

 

No hay políticas, ni procedimientos, ni controles para la recuperación de cartera vencida. 

 

Se encontraron contratos de arrendamiento en los que firma la misma persona como arrendador y arrendatario. 

 

Se realizan pagos a contratistas que no se encuentran contemplados en el contrato.

 

Se autorizaron pagos que no tiene relación alguna con la prestación del servicio de educación superior. 

 

 

Ante esas irregularidades, el Ministerio ordenó a la Universidad INCCA de Colombia:

 

1. Presentar un Plan de Mejoramiento tendiente a corregir en el menor término los hallazgos encontrados en la visita integral y dispone la vigilancia especial a la Universidad, por lo cual se designará Inspector in Situ para que vigile permanentemente a la institución y mientras subsista la situación.

 

2. Constituir una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas, de forma que éstos sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional, o en actividades propias y exclusivas de la institución, de conformidad con las condiciones que señale el Ministerio.

 

3. Se ordena la suspensión temporal y preventivamente del trámite de las solicitudes de nuevos registros calificados o renovaciones y acreditaciones que la Universidad INCCA tenga en proceso. 

 

Así mismo el Ministerio le advirtió a las directivas de la Universidad que se hará un seguimiento permanente a la destinación de los recursos de la Institución y que en caso de que no se cumplan las condiciones exigidas durante la vigilancia especial se podrá llegar incluso a la remoción de los directivos.

 

 

En cuanto a la Universidad Popular del Cesar, el Ministerio estableció que esta institución incurrió en las siguientes irregularidades: 

 

El rector Carlos Emiliano Oñate Gómez, se encuentra inhabilitado para prestar sus servicios profesionales a la Universidad.

 

 

Contratos de prestación de servicios que no cumplían el pleno de los requisitos.

 

Recursos recibidos sin ejecutar por concepto de Estampilla Pro Universidad Popular del Cesar para la vigencia del año 2014, pues se dejaron de ejecutar $3.846 millones de $4.062 millones recibidos en esa vigencia, es decir que solo se ejecutó el 5,32% del total recibido en el año.

 

Se evidenció que las conciliaciones bancarias contienen partidas sin identificar desde el 2011 a la fecha, y sin que se proceda a su respectiva identificación y registro en la contabilidad de la institución.

 

Incumplimiento del procedimiento para el cobro de cartera afectando el patrimonio de la institución.

 

Deterioro en estructura física y medios educativos.

 

No existe una política de investigación.

 

Por lo anterior, el Ministerio ordenó a la Universidad Popular del Cesar –UPC presentar un plan de mejoramiento para corregir y superar en el menor tiempo posible los hallazgos encontrados. 

 

Finalmente, la Ministra Gina Parody señaló que “el Ministerio de Educación seguirá trabajando de la mano de todas las instituciones de educación superior para que cada vez más, logremos incrementar la calidad en la prestación del servicio educativo”.