MinJusticia sobre jóvenes que serán gestores de paz: "se busca facilitar la reconciliación"

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, expresó que el presidente, Gustavo Petro, hizo uso de una atribución legal que le confiere la Ley 418 recientemente reformada por la ley 2272 conocida como 'paz total', con el objetivo de gestionar a personas que estén privados de libertad con ocasión de protestas sociales como posibles gestores de paz.  

Además, explicó que con la medida “se busca facilitar la reconciliación y resaltó que para el Gobierno la protesta es un derecho social el cual ha sido defendido, hay cerca de 250 casos y no se está pensando en una excarcelación masiva, por ello se revisara uno a uno”. 

De igual manera, se estipula que a estas personas se les impondrán la posibilidad de facilitar la convivencia y acuerdos humanitarios. 

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El ministro confirmó que esta misma semana será reglamentada la propuesta para determinar con carácter general cómo se aplicará la selección de dichas personas. 

Después de ello, se deberá valorar cuáles son las personas privadas de la libertad que se designarán gestores de paz y se establecerán sus compromisos y la forma de vigilar que sí se cumplan. 

Cabe aclarar que “las persona que sean beneficiadas seguirán vinculadas a los procesos penales a los cuales están investigados, es decir, no es un indulto, deberán responder penalmente, pero en caso de las personas que están sindicadas atenderán a sus procesos en libertad”, señaló Osuna. 

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Simultáneamente, el funcionario indico que habría la posibilidad que este proceso reglamentario alcanzara también a funcionarios de la fuerza pública condenados por protestas sociales, pero se deberán analizar sus procesos a profundidad para ver si corresponde. 

Si bien, “será el poder judicial tal y como establece la ley quien concede las órdenes de excarcelación y la forma en cómo se seguirá atendiendo el proceso penal respectivo de cada ciudadano”, expresó el ministro. 

Concluyó, siendo enfático en que el Gobierno está comprometido con una garantía suficiente del derecho a la protesta, pero también con una herramienta de reconciliación de reencuentro entre familias, entre colombianos y la posibilidad de construir convivencia armónica entre quienes protestan legítimamente, quienes no están de acuerdo con la protesta, la fuerza pública del Estado y la sociedad en general.