"No vemos en el terreno una política de seguridad dedicada a la protección de la ciudadanía"

"Lo que logramos documentar es que el Clan del Golfo amplió su presencia territorial en un 55% de incremento de municipios; el ELN en un 23% de incremento de municipios y estos grupos disidentes de las extintas FARC en un 30 por ciento de municipios". 

"Eso significó en la práctica el crecimiento del reclutamiento forzado, que venía ya muy alto en 2023 y que cierra al alza también en 2024, y el incremento también de los confinamientos de comunidades, particularmente como resultado de los confrontamientos entre estos distintos grupos", añadió Goebertus.

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Esta situación crítica de seguridad se debe, en parte, a una falta de articulación entre autoridades, de acuerdo con la directora de HRW para las Américas: "Hay una desconexión entre la política de paz y la política de seguridad"

"La falta de claridad en la implementación de los distintos ceses al fuego a nivel local y la ausencia de una estructura de coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía para tener una estrategia de persecución penal para desmantelar estos grupos hacen que en la práctica, en muchos territorios, haya un sentimiento de ausencia de la presencia del Estado, de ausencia de una estrategia de confrontar estos grupos para evitar que sigan cometiendo este tipo de delitos y amedrentando a la población".

Según ella, si bien sí hay política de seguridad en Colombia, esta no se traduce en herramientas para proteger a la población, lo que deriva en que la ciudadanía quede a merced de los grupos armados ilegales.

"A pesar de que existe un texto de una política de seguridad, no vemos en el terreno una política de seguridad ofensiva dedicada a la protección de la ciudadanía (...) Al no tener una estrategia de lucha contra los grupos de crimen organizado, lo que estamos viendo en la práctica, a nivel territorial, es la comisión de violaciones por omisión, poblaciones que quedan solas a básicamente las acciones del Clan del Golfo, del ELN o de los disidentes sin que haya una acción de protección por parte del gobierno". 

"Ahí la acción central es implementar la política de seguridad, que, insisto, el texto es bueno, pero en la práctica no se implementa, y fortalecer los canales de coordinación con Fiscalía, que tiene que entenderse como una parte de la implementación de la política de seguridad también, para tener una política de persecución penal estratégica concentrada en desmantelar estos grupos".