Ordenan enseñar el informe de la Comisión de la Verdad a tropas del Ejército

Hace un par de meses cuando se conoció que el informe de la Comisión de la Verdad se enseñaría en los colegios, se  generó bastante polémica dado que el informe ha sido tan cuestionado por unos sectores, aunque también ha sido aplaudido y resaltado por otros.

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Ahora, esta controversia se reavivaría por cuenta de una decisión del Consejo de Estado que ordenó al Ministerio de Defensa enseñarle este informe a las tropas de las fuerzas armadas de Colombia.

El Consejo de Estado ordenó que el Ministerio establezca una "estrategia de pedagogía y sensibilización del capítulo III del Informe Final” de la Comisión de la Verdad "que condensa los hallazgos que hizo la entidad y sus recomendaciones al respecto, que deberá ser distribuida un mes después de su elaboración".

Asimismo, el Ministerio de Defensa deberá elaborar una cartilla con los hechos que han llevado a que la justicia condene a miembros de la Fuerza Pública por violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH), como ha ocurrido en las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas 'falsos positivos'.

Estas órdenes se dan dentro de una sentencia en la que se declaró a la Nación responsable por la muerte de Álvaro Guerrro Melo, en hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2007, en zona rural del municipio de El Carmen, Norte de Santander, a quien el Ejército trató de hacer pasar como un guerrillero, pero se determinó que fue un caso de 'falsos positivos'.

La decisión del Consejo de Estado podría generar controversia dado que personas cercanas a las Fuerzas Militares han criticado a la Comisión de la Verdad, y a su informe, por no ser imparciales.

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Por ejemplo, miembros de la reserva de la Policía y el Ejército que pertenecen a Acore, han asegurado que “desafortunadamente esa comisión desde su creación no genera credibilidad por los procedimientos y personas que hicieron parte del proceso de selección, así como los comisionados que lo integraron donde se denota un marcado sesgo ideológico y una amplia experiencia en litigio internacional contra el Estado colombiano que no garantiza la imparcialidad de sus informes”.