Paro minero en Bajo Cauca: Camioneros reportan pérdidas por más de $160.000 millones

Tras cuatro días en los que persisten por lo menos diez puntos de bloqueo en la vía que comunica a Medellín con la Costa Atlántica, entre los municipios de Tarazá y Caucasia, el gremio transportador de carga lanzó un llamado de una urgencia frente a la difícil situación que se vive en la zona. 

La última jornada de manifestaciones de mineros, que se movilizan en contra de recientes operativos contra su labor adelantados por la fuerza pública, dejó 30 vehículos vandalizados y saqueados y cuatro conductores heridos. 

Además, según Anderson Quiceno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, el cese de actividades que se vive desde el pasado miércoles ha dejado pérdidas para el sector por más de $160.000 millones, se han dejado de movilizar 400.000 toneladas de carga y por lo menos 30.000 operaciones terrestres han sufrido alteraciones en su programación.

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El dirigente manifestó que uno de los asuntos que más les preocupa es que detrás de los saqueos se encuentra la misma comunidad, la cual se ve beneficiada con las actividades del transporte de carga.

"Quedamos muy costernados porque los lugares donde ocurrieron los hechos de vandalismo son lugares donde los camioneros lavan sus vehículos y es increíble que la misma comunidad a la cual nosotros le generamos recursos económicos, sea la misma comunidad que sea indolente y no proteja a los camioneros", explicó Quiceno.

Frente a la compleja situación de orden público, en la que además un menor de 17 años falleció producto de un accidente con uno de los árboles que bloquea la vía, los camioneros solicitaron una intervención y un diálogo ágil por parte de las autoridades. 

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En las últimas horas, a través de un comunicado, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), pidió "con urgencia acciones efectivas de parte del gobierno nacional que permitan desbloquear a los transportadores atrapados".

Según el reporte más reciente, en la zona avanzan conversaciones entre los manifestantes y delegados del Ministerio del Interior, así como gobiernos locales, para encontrar soluciones que permita habilitar cuanto antes este corredor estratégico para la economía de esta región de Colombia.