Piden al Gobierno Petro acciones para frenar atentados contra firmantes del acuerdo de paz

Los atentados contra los excombatientes Franklin González Ramírez, enlace de reincorporación y compareciente ante la JEP, ocurrido en Miravalle, San Vicente del Caguán (Caquetá); y contra Danna Michelle Lozada, miembro de la Asociación de Mujeres Huilenses por la Paz  y Jeison Fabián Díaz, perpetrado recientemente en la vía Tello-Neiva (Huila), generaron un enérgico pronunciamiento del Consejo Nacional de Reincorporación del Partido Comunes.  

A través de un comunicado,  exigieron al Gobierno Nacional la puesta en marcha de los mecanismos establecidos en el acuerdo final para la defensa de la vida e integridad de los firmantes, el desmonte de las bandas criminales y la generación de un plan de choque que dé respuesta a esta problemática que “atenta contra la construcción de la paz total”.  

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Según el Consejo Nacional de Reincorporación, desde la firma del acuerdo final de paz, han sido asesinados 350 excombatientes lo que evidencia que estos ataques son sistemáticos. 

“Es hora de pasar a la acción, basta ya de mensajes de solidaridad o promesas que no presentan soluciones prácticas a esta situación que evidentemente es sistemática y busca debilitar el compromiso de quienes se mantienen firmes en la paz”, señala el documento.  

El comunicado reporta que, por fortuna, las tres víctimas salieron ilesas de los ataques y se encuentran protegidos en sus viviendas donde hacen presencia unidades del Ejército Nacional.  

Protesta en rechazo a los ataques en Neiva 

En rechazo a estos atentados y otros hechos de violencia contra los exfarc, se llevó a cabo un plantón frente a la Defensoría del Pueblo de Neiva, liderado por quienes hacen parte de la Asociación de Mujeres Huilenses por la Paz. 

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“Esta situación de seguridad es a nivel nacional, tener uno un carro, un esquema y dos o tres muchachos que lo acompañen a uno, eso no es seguridad. Falta la seguridad en muchos temas, no solo para los firmantes sino para la población en general, la Unidad Nacional de Protección tiene un proceso muy lento, uno va a allá y lo que le dicen es que no hay dinero”, dijo Omaira Rojas, conocida en tiempos en la antigua guerrilla como “Sonia”. 

Por su parte, la defensora regional del pueblo del departamento de Huila, que acompañó la manifestación dijo que “nosotros venimos haciendo un acompañamiento, nos corresponde identificar los riesgos y en lo concerniente a los firmantes de la paz hemos dejado claridad en que existe para esta población un alto riesgo. A quienes les han hecho estudios y les han implementado medidas de protección tienen dificultades porque han sido víctimas de atentados o sus vehículos han sido averiados”.