Policía defiende el decreto para regular la protesta social

El director de la Policía Nacional general Jorge Luis Vargas, defendió el decreto emitido para establecer los  protocolos de acciones preventivas frente a la protesta social, y aseguró que garantiza la seguridad de los manifestantes. 

El documento, emitido por los ministerios del Interior y de Defensa, se realizó en cumplimiento a la sentencia de tutela de segunda instancia del 22 de septiembre de 2020, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

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Por medio de esa tutela, los solicitantes pidieron la protección de sus prerrogativas a la protesta pacífica, participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, no ser sometidos a desaparición forzada y a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento. 

Según el general Vargas, este decreto da a la Policía Nacional, las herramientas necesarias para garantizar los derechos y la seguridad de las personas en la manifestación pública y pacífica. 

 "La Policía Nacional venía trabajando con la Defensoría del Pueblo y con otros organismos, precisamente para establecer los protocolos alrededor de acciones preventivas concomitantes, es decir, acciones que hacemos con otras instituciones y autoridades y unas acciones posteriores de verificación todos los protocolos que recogían las actuaciones de esta Institución", dijo el General. 

Según el oficial, estos protocolos serán dejados en instructivos y como parte de la doctrina institucional; dándole la importancia que tiene para Colombia, garantizando a los colombianos su derecho a la manifestación pública y para evitar acciones que transgredan la ley  y los delitos que ponen en peligro a las personas. 

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Hay que recordar que el fallo de tutela en mención, ordenó convocar y conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionados con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para que escuche y atienda los planteamientos, no sólo de los accionantes, sino de cualquier persona interesada en el tema. 

"De llegarse o no a un consenso al respecto, el Gobierno Nacional estará en la obligación de expedir un acto administrativo, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de esta sentencia, una reglamentación sobre la materia que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos las recomendaciones de Naciones Unidas y las aquí señaladas, relacionadas con la intervención y el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, en manifestaciones y protestas", señala el fallo.