Procuraduría General de la Nación adelantó mesa de trabajo con mujeres rurales de Colombia

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que por motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, convocó y adelantó una mesa de trabajo con las más importantes lideresas de las organizaciones de mujeres rurales del país, con el fin de fortalecer la incidencia del Ministerio Público en la defensa de sus derechos integrales y revisar el nivel de cumplimiento de la ley 731 de 2002, Carta de Derechos de las Mujeres Rurales en Colombia.

La información oficial señala que ese espacio de trabajo se extendió durante más de 8 horas y fue realizado en el municipio de Cota donde asistieron representantes de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural —Dirección de Mujer Rural— y organizaciones internacionales.

Le puede interesar: Aumentaron los precios de los arriendos en la frontera con Venezuela tras la reapertura

Allí escucharon y atendieron las necesidades de las mujeres rurales y los distintos obstáculos que enfrentan para la garantía real y efectiva de sus derechos en sus territorios.

La Procuraduría indica además que mediante el desarrollo de varios paneles, se recogieron importantes aportes que servirán de insumo para las propuestas de modificación y actualización que requiere la ley 731 de 2002, luego de 20 años de vigencia, y que permitirá acelerar y materializar la equidad para la mujer rural.

 De acuerdo con esta entidad, en este ejercicio participativo se recibieron distintas observaciones y recomendaciones de las lideresas campesinas, indígenas y afros presentes, para mejorar, entre otros temas, el acceso a la propiedad de la tierra, el acceso a créditos y financiamiento de proyectos, la participación en la toma de decisiones del sector y las condiciones en materia de seguridad social.

Vea también: 

De igual forma, se destacaron los avances en la búsqueda de igualdad y la no discriminación de la mujer, y se hizo un llamado al gobierno nacional para redoblar esfuerzos en la construcción de políticas públicas, leyes y programas que garanticen los derechos de las mujeres rurales, de manera real, material y efectiva.