Procuraduría: hubo abuso a mujeres colombianas deportadas desde Venezuela

La procuradora delegada para la Infancia y la Familia, Ilva Miryam Hoyos, aseguró que la situación en los albergues que están recibiendo a los colombianos que llegan deportados de Venezuela, necesitan ayuda, en especial en los temas de salud y seguridad.

 

 

Explicó Hoyos que en las últimas horas han tenido que enfrentarse a casos como el de una mujer embarazada con riesgo de aborto y tomar medidas para prevenir una epidemia de varicela en el albergue Bella Vista de Villa del Rosario, por lo que solicitó ayuda especial para vacunar a las personas que están en los albergues y revisar la capacidad de los mismos, para seguir recibiendo a los colombianos que llegan del país vecino.

 

 

“En el albergue Juan Frido tienen 380 personas, de los cuales 87 son niños, por eso estamos pidiendo ayuda especial para ellos (…) Según la Unidad de Gestión de Riesgo existen 1659 niños registrados que han llegado desde Venezuela”, resaltó la procuradora delegada.

 

Esta situación se suma a la denuncia del ministerio público en la que señaló que han existido posibles abusos sexuales a niñas y mujeres colombianas por parte de los integrantes de la Guardia Venezolana, por lo que Hoyos le pidió a la Cancillería que con urgencia tome medidas y exija respeto para las mujeres y niñas afectadas por la deportación que adelanta la Guardia en contra de los colombianos en Venezuela.

 

Asimismo, la procuradora delegada advirtió que han conocido casos de falsos deportados que buscan aprovecharse de los beneficios que está otorgando el Gobierno, por lo que ante todas estas situaciones, que en concepto de Hoyos son graves vulneraciones a los derechos humanos, le solicitó a los organismos internacionales que tomen medidas y eviten que se continúe revictimizando a estos colombianos.

 

Cabe recordar que con esta información, el procurador general Alejandro Ordóñez, presentará una demanda ante la Corte Penal Internacional y radicará una serie de acciones judiciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que dicten medidas cautelares contra el gobierno de Venezuela.