Procuraduría perdería facultades para vigilar fondos de regalías: Margarita Cabello
El llamado de atención lo hizo durante la rendición de cuentas de la vigilancia de los recursos del Sistema Nacional de Regalías.
La procuradora general, Margarita Cabello, llamó la atención ante la posibilidad de que la Procuraduría pierda las facultades de investigar y sancionar a los funcionarios de elección popular pues, considera que, esto significaría que no puede hacer seguimiento a los fondos de regalías que son administrados por alcaldes y gobiernos regionales.
El llamado de atención lo hizo durante la rendición de cuentas de la vigilancia de los recursos del Sistema Nacional de Regalías, en la cuál calificó como grave que se le quiten estas facultades al ente de control, pues ese dinero es administrado por autoridades regionales.
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"Eso es grave, y es grave porque quienes ejecutan los recursos provenientes de las regalías son principalmente alcaldes y gobernadores que son de elección popular, que tienen bajo su responsabilidad el manejo de esta gran cifra que va a entregar el presidente con la buena intención de responder a las reclamaciones sociales en todo el país", explicó la procuradora Cabello.
También recalcó que la supervisión de la Procuraduría es fundamental, pues es la forma de evitar que los recursos destinados a la atención de las necesidades de los ciudadanos sean desviados a los fondos personales de los funcionarios.
"No podemos desfallecer en el esfuerzo diario de la lucha contra la corrupción, y una parte de la lucha contra la corrupción es evitar que ese gran flujo de dineros que entra por regalías sea despilfarrado, mal utilizado y llevado a las arcas propias de los particulares que deberían cuidar esos dineros", aseguró la Procuradora General.
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Además recordó que, desde abril del 2021, ha hecho seguimiento a los recursos de regalías con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, por el que la Procuraduría ha encontrado deficiencias en la ejecución, falta de planeación, desconocimiento de normas técnicas, problemas de estudios y diseños, que han ocasionado retrasos en la ejecución de un importante porcentaje de los 1.103 proyectos revisados hasta el momento, por $13.1 billones.