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Procuraduría suspendió durante diez meses al gobernador de San Andrés, Ronald Housni
La medida fue tomada por haber suscrito con la Cámara de Comecio un convenio para la celebración del Green Moon Festival, sin que está contara con la idoneidad para ejecutar el objeto contractual.
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Actualizado:
Lunes, Abril 23, 2018 - 11:56
El gobernador de San Andrés, Ronald Housni - Colprensa
La Procuraduría General de la Nación suspendió por el término de 10 meses al gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Ronald Housni Jaller, por haber suscrito con la Cámara de Comecio un convenio para la celebración del Green Moon Festival, sin que la entidad contara con la idoneidad para ejecutar el objeto contractual.
Según el Ministerio Público, Housni transgredió el principio de legalidad y responsabilidad de la contratación estatal y de la función administrativa, al suscribir el Convenio 016 de 2016 por 1.500 millones de pesos con la Cámara de Comercio de San Andrés.
La @PGN_COL suspendió por el término de 10 meses al gobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, por haber suscrito con la Cámara de Comecio un convenio para la celebración del Green Moon Festival, sin que esta contara con la idoneidad para ejecutar el objeto contractual. pic.twitter.com/QNpySl8xqJ
— Procuraduría General (@PGN_COL) 23 de abril de 2018
Así mismo, estableció que no contaba con el personal necesario para la coordinación del festival y no tenía la logística necesaria para su realización. La Procuraduría afirmó que el gobernador debió acudir a "la subcontratación de los instrumentos, memorias fílmicas y manuscritas, agencia de viajes, publicidad y escenario donde se realizó el evento".
El ente de control sostuvo que el gobernador de San Andrés actuó con culpa grave, ya que "si hubiese sido diligente al revisar el convenio habría podido determinar que la Cámara de Comercio, pese a ser la titular de la marca Green Moon Festival, no estaba en capacidad de ejecutar el objeto del negocio jurídico.
“(…) Los convenios de asociación previstos en el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, no pueden ser utilizados por las administraciones públicas como instrumentos o herramientas para la transferencia de recursos, a una entidad sin ánimo de lucro, para que ésta los administre y se comporte como un outsourcing, contratando a terceras personas, quienes son las que real y materialmente terminan ejecutando el convenio”, agregó el Ministerio Público.La Procuraduría General de la Nación recordó que la función administrativa es reglada y el manejo de los recursos públicos en materia de contratación "debe guiarse por las normas previstas para ese propósito".
Esta decisión de primera instancia fue apelada en audiencia pública por parte del apoderado del disciplinado y será resuelta por la Sala Disciplinaria de la Entidad.
Cabe señalar que el pasado 20 de abril la Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses al gobernador de San Andrés, Ronald Housni, en el marco de la investigación disciplinaria que se le adelanta por las presuntas irregularidades en la celebración de contratos para la entrega de medicamentos en la isla.
El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo aseguró que en la visita hecha hace un año se descubrió un “panorama desolador” frente al tema de la salud en San Andrés.
El Ministerio Público destacó que considera que en la isla los corruptos se tomaron los contratos para dicho sector. “La contratación siempre como vehículo para vulnerar los derechos sociales de los sanandresanos“.
La investigación disciplinaria tiene como base la entrega de contratos a dedo y las falencias en la ejecución de los mismos, lo que representa una afectación a los derechos fundamentales de los habitantes.
“En el caso particular del Hospital de San Andrés se ha producido un cambio de manos, un servicio público que se le entregó a operadores privados sin controles de ninguna naturaleza“, precisó Carrillo.La Gobernación -señaló el Procurador- hizo caso omiso a las observaciones y advertencias hechas y en vez de corregir las irregularidades le entregó el manejo del hospital a un nuevo operador privado.
“Aparecen elementos probatorios que indican que con posterioridad al conocimiento de la prestación deficiente del servicio de salud que pone en riesgo la salud, por supuesto, de los habitantes del departamento achipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha celebrado nuevamente la misma clase de contrato presentándose un deterioro en los servicios médicos ofertados, sin que se tomen medidas serias dirigidas a solucionar el caos institucional”, precisó Carrillo al citar el informe del procurador delegado para la salud.
