Prohibición de exportación de carbón a Israel afecta a la costa Caribe colombiana
La Procuraduría subrayó la falta de análisis del Gobierno sobre cómo se van a compensar las pérdidas de ingreso para el Estado.
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Margarita Cabello Blanco, procuradora General de la Nación, advirtió sobre el decreto que limita la exportación de carbón térmico a Israel, al asegurar que con la decisión el país dejaría de recibir $650.000 millones anuales en regalías, impuestos y contribuciones.
Para ella, lo más "triste" es que se afecta la región Caribe, principalmente, La Guajira y el Cesar. Recalcó que, en su tiempo, alertó por la falta de análisis técnico del documento sobre cómo se van a compensar estas pérdidas para el Estado colombiano.
"Nosotros como Procuraduría General de la Nación, le enviamos, a través de nuestra delegada de Asuntos Medio Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, le enviamos, en su momento, al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, los reparos que habíamos observado, conversado a los muchos y un reparo técnico, al proyecto de decreto, a través del cual, se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel", expresó Cabello en el XXXVI congreso de Analdex, realizado en la capital del Atlántico.
La jefa del Ministerio Público enfatizó manifestó que alertaron en su momento por la falta de análisis técnico en el decreto, sobre cómo se van a compensar estas pérdidas de ingreso para el Estado colombiano, debido a la situación en la que se encuentra el territorio nacional.
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"Hay problemas de reactivación económica, hay que trabajar en conjunto para reactivar la economía; pero al mismo tiempo, nos quitan 65.000 millones de pesos entre regalías, impuestos y contribuciones, entonces, ¿cuál es la coherencia en un momento determinado? Y no hablar de las otras cosas como los problemas de explotación y exploración de carbón e hidrocarburos, entonces, ¿cómo vamos a hacer en este momento?".
Según Cabello, en el análisis adelantado, en el estudio del decreto, aunque si bien reconocen que el Estado tiene la facultad de intervenir en la economía, debe primar el bien común.
"Esa medida en ese decreto la consideró la Procuraduría, en el escrito que entregó, que no es idónea ni es proporcional para el logro de dicho fin", sostuvo.
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Para ella, cuando era proyecto de decreto, precisaron que podría generar un riesgo de nulidad, por falsa motivación y llevar al Estado en una situación de incumplimiento con el Tratado de Libre Comercio con Israel, acuerdo vigente desde el año 2020.
"La prohibición de exportación, no garantiza la seguridad nacional, no garantiza la seguridad alimentaria ni garantiza la protección de la industria, ni el mercado. Por el contrario, podría afectar la libertad de empresa y el comercio internacional", apuntó.