Prorrogan sanción provisional del alcalde de Riohacha

La Procuraduría decidió extender por tres meses más la sanción provisional impuesta al alcalde de Riohacha (La Guajira) José Ramiro Bermúdez, quien fue suspendido por presuntas irregularidades que se habrían cometido en la adjudicación del contrato de alcantarillado y acueducto del municipio. 

La sanción inicial se estableció el 26 de abril, cuando el organismo determinó que era necesario apartar a Bermúdez de sus funciones para evitar que se tomaran acciones que pusieran en riesgo el proyecto. 

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Tres meses después, cerca de que se cumpliera el plazo de la suspensión temporal, la Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento concluyó que ampliar el término de la sanción era necesario para nuevas acciones que podrían ser presuntamente irregulares. 

"Mientras (José Ramiro Bermúdez) ostente la calidad de alcalde del Distrito de Riohacha tiene la facultad de participar en la actividad contractual y la función de celebrar negocios jurídicos de cualquier tipología, en los cuales podría vulnerar los principios que rigen la contratación estatal”, señala la decisión del organismo. 

La delegada argumentó la determinación mencionando que durante los últimos tres meses, no se han entregado materiales de prueba que permitieran desvirtuar las razones por las que se estableció la suspensión. 

Esta decisión generó polémica, pues el presidente Gustavo Petro envió una carta a la procuradora general, Margarita Cabello, en la que aseguró que no acataría la sanción y no nombraría un Alcalde encargado. 

Para la Procuradora este pronunciamiento es un ejemplo de incumplimiento que no debería suceder, pues explicó que las sanciones disciplinarias están respaldadas por la sentencia de la Corte Constitucional que respaldó las funciones de la Procuraduría. 

"Un presidente de la república está informando o está desconociendo una decisión de la corte constitucional, es decir, está incumpliendo las reglas jurídicas de un Estado de derecho”, mencionó la procuradora. 

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Cabello resaltó que desconocer las sanciones del organismo pueden generar que los funcionarios suspendidos se presenten en las próximas elecciones regionales, lo que causaría un colapso institucional.