En un trabajo conjunto realizado entre la Registraduría, la Fiscalía, la Dijín y la Interpol se adelantaron diligencias judiciales y disciplinarias en las registradurías de varios municipios de Norte de Santander.
Alexander Vega Rocha, registrador Nacional del Estado Civil, dijo que el resultado de estas investigaciones lo obligan a suspender a José Enrique Leal Gélvez, registrador municipal de Santiago, por presuntas irregularidades en la expedición de registros civiles de nacimiento y de cédulas de ciudadanía a extranjeros.
Así mismo, se derivó en una acción disciplinaria contra Fredy Alberto Ramírez Rodríguez, quien para la época de los hechos materia de investigación se desempeñaba como registrador del municipio de San Cayetano;igualmente es investigado Ramón Saíz Reyes, actual registrador de Pamplona, por la pérdida de adhesivos relacionados con la expedición de copias de registros civiles.
"El objetivo de esta investigación es acabar con las mafias que al parecer funcionan desde el interior de la entidad. Se ha conocido que un grupo de funcionarios vienen nacionalizando de manera irregular a extranjeros", dijo el registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega.
Así mismo, dijo el funcionario que se ha conocido infortunadamente de la corrupción interna de la entidad, no solamente por falsificar la identidad colombiana a ciudadanos extranejros, se debe evitar fraudes en próximas elecciones.
"Con estas investigaciones, en donde participa la Fiscalía, la Dijín y la Interpol, que han logrado varias capturas, quiero realizar una advertencia a los funcionarios que forman parte de esta mafia, que no se va a tener ninguna contemplación frente a la corrupción. Nuestro objetivo también es proteger el certamen electoral de 2.022 y evitar la participación irregular de población venezolana".
En otros operativos realizados por las autoridades, el pasado jueves en Valledupar, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército y la Sijín, capturaron al ex registrador de San Juan del Cesar, La Guajira, Luis Jiménez Gamarra, por los presuntos delitos de tráfico de migrantes y falsificación de documento público.