Subsidios de servicios públicos en riesgo: Congreso archivó ley de financiación

La Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico advierte que con el hundimiento de la ley de financiamiento dejarán de recibir 12 billones de pesos, con los que subsidian los servicios de alcantarillado, acueducto y aseo a personas de estratos 1,2,3, que representan el 80% de la población en Colombia, es decir 40 millones de personas dejarían de ser beneficiarios. 

Esta medida implicará un recorte de $12 billones, recursos que estaban destinados a garantizar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en las zonas más vulnerables del país.

Según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), esta decisión reducirá la inversión en obras de infraestructura básica del 4,6% al 3,9% del PIB, marcando el nivel más bajo en los últimos 14 años.  

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La CRA señaló que los estratos más bajos dependen en gran medida de estos subsidios para acceder a servicios esenciales, ya que las contribuciones de los estratos altos son insuficientes para cubrir la demanda. Actualmente, ocho de cada 10 colombianos reciben apoyo del Gobierno Nacional para el pago de estos servicios básicos.  

Además, el impacto no se limitará a los subsidios. Según la entidad reguladora, la falta de financiación afectará también programas como "Basura Cero" y las inversiones en mejoramiento de vivienda, que están dirigidos principalmente a las comunidades más desfavorecidas.

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Esta situación pone en riesgo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con agua limpia, saneamiento, salud y bienestar.  

La CRA expresó su rechazo categórico a esta decisión legislativa y advirtió sobre sus efectos sociales, "la falta de recursos no solo afecta la prestación de los servicios, sino también la calidad de vida, la salud y la sostenibilidad ambiental en las comunidades más necesitadas".  

Finalmente, la entidad hizo un llamado al Congreso de la República para que reconsidere su postura y actúe con responsabilidad social: "Es imperativo que se prioricen las necesidades básicas de la población para evitar un retroceso en los logros alcanzados en materia de acceso a servicios públicos esenciales".