Tribunal de Cundinamarca admitió demanda de MinTransporte contra Uber

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca notificó al Ministerio de Transporte que fue admitida para su estudio la demanda interpuesta contra la compañía Uber, por el servicio de transporte que actualmente presta en el país, el cual busca que se declare ilegal.

Según la autoridad judicial, tanto el Ministerio como Uber tendrán un periodo de 10 días para presentar las pruebas de la parte acusadora y los argumentos de la defensa, con el fin de estudiarlos durante las semanas siguientes y tomar una decisión.

"El Ministerio de Transporte de Colombia, actuando por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, interpuso demanda contra la sociedad comercial UBER COLOMBIA S.A.S., con el fin que se protejan los Derechos Colectivos relacionados con la utilización y defensa de los bienes de uso público (espectro electromagnético), derechos de los usuarios y a la libre competencia económica", dijo el Tribunal.

Dentro de este proceso el Tribunal de Cundinamarca ordenó que se le notifique al Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que debe hacer parte del mismo, al igual que la Agencia Nacional del Espectro, con el fin de determinar el uso que se le está dando a una aplicación digital, como sistema de transporte.

La demanda del Gobierno Nacional busca que se declare ilegal el servicio de transporte público que actualmente presta Uber, pese a que se apoya en una plataforma digital que fue avalada por el MinTic, de igual manera se sustenta en las afectaciones que actualmente se provocan al gremio taxista.

"Infórmese con cargo al actor popular, sobre la existencia de la presente demanda a los miembros de la comunidad a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz. La constancia de tal comunicación se hará llegar al despacho, en el término de diez (10) días", indicó el fallo judicial.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó el apoyo de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para garantizar que se respeten los derechos de las partes dentro del proceso judicial, el cual se espera arroje sus primeros resultados en las próximas semanas.