Uber deja de funcionar en Colombia a partir del 1 de febrero

A través de un comunicado, la plataforma de transporte catalogó como sorpresivo el fallo del 20 de diciembre que ordenó la suspensión de la plataforma en el territorio nacional. Sin embargo, expresó que acta la orden, dejando de funcionar en el país a partir de las 0:00 horas del 1 de febrero de este año. 

?Adiós... ojalá hasta pronto. #UnaSolucionParaUberYa pic.twitter.com/rQPbjdWZR9

— Uber Colombia (@Uber_Col) January 10, 2020

De igual forma la compañía expresa en su comunicación que se trata de una decisión arbitraria “que va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales”.

Por esta razón, la decisión de la Superindustria se encuentra en proceso de apelación y la empresa espera que a través de recursos jurídicos se logre la continuidad de la misma en Colombia.

Uber insiste en que con esta apelación está defendiendo no solo a la plataforma sino “el derecho de 2 millones de usuarios a elegir cómo se mueven por las ciudades”, al igual que la oportunidad de 88.000 personas registradas como socias en esta aplicación para generar ganancias.

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Por último hace un llamado sobre la ausencia de reglamentación al servicio de movilidad colaborativa a través de plataformas tecnológicas, lo cual asegura que influye en determinaciones como el fallo de la Superintendencia de Industria.

Fallo y muta de la Superindustria

El pasado 20 de diciembre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó la suspensión de la plataforma Uber en el territorio nacional. Según la SIC, la empresa incurrió en una competencia desleal con respecto a otras modalidades de transporte, como el caso de los taxis.

La Superindustria estableció que Uber Bv, como licenciatario de la aplicación Uber, presta el servicio de transporte público individual de pasajeros al crear la oferta y poner a disposición de los usuarios dicho servicio. "Esto viola las normas que regulan el mercado, genera una ventaja significativa en el mercado y genera desviación de la clientela de Cotech S.A", dice el ente.

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Como resultado del análisis, la SIC ordenó a Uber que, de manera inmediata, cese los actos de competencia desleal declarados y que se ejecutan haciendo uso de la aplicación.

Así mismo, estableció que "de manera inmediata cesen la utilización de contenido, acceso y prestación del servicio de transporte individual de pasajeros bajo las modalidades Uber, Uber X y Uber VAN, por medio de la utilización de la aplicación tecnológica en todo el país".

Lo anterior se dio en medio de la audiencia celebrada este viernes entre representantes de los taxistas y Uber.

Multa

Esta noticia se conoce después de que la Superintendencia de Transporte le impuso a Uber una multa superior a los 400 millones de pesos por un presunto incumplimiento de la orden expedida en la que se le pedía cesar la facilitación y promoción de servicios de transporte no autorizados.

"La sociedad no atendió el requerimiento de la SuperTransporte, por lo tanto, se impuso la multa correspondiente a $414.058.000 que equivale a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes", dijo el ente.

Demanda al Estado

Por su parte Uber anunció que tomarán acciones legales contra el Estado colombiano si no se logra resolver la disputa legal pues consideran que con dicha decisión se está violando el Acuerdo de Promoción Comercial de Estados Unidos y Colombia.

La compañía señala a través de una carta enviada al Gobierno que con dicha decisión se dio origen a una disputa de inversión en virtud del capítulo 10 de dicho Tratado de Libre Comercio con EE.UU.

"Uber es una empresa organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, que ha realizado varias inversiones en Colombia. Uber Colombia, organizada bajo las leyes de Colombia, es una subsidiaria de Uber. En consecuencia, Uber es un inversor protegido de los Estados Unidos y Uber Colombia es una empresa protegida en virtud del Tratado", aseguró.

Al respecto, indicó que tanto Uber como Uber Colombia y sus empleados poseen inversiones protegidas en virtud del Tratado y han contribuido al crecimiento de la economía de Colombia desde 2013.