Advertencia de la Javeriana: Gobierno usa "soluciones temporales" para crisis fiscal

El Gobierno nacional anunció recientemente un nuevo recorte presupuestal para 2025, debido a una proyección de ingresos inferior a la esperada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Este ajuste adicional, de aproximadamente $10 billones, será implementado en el primer semestre del año y se suma a los $12 billones ya aplazados a principios de 2025 como resultado de la fallida reforma tributaria.

De acuerdo con un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el presupuesto general de la nación, calculado en $523 billones, fue diseñado sobre supuestos del presupuesto de 2024 que no se materializaron.

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Preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal

“Aunque aún no se conocen los detalles concretos sobre el monto y los rubros afectados, se espera que el mecanismo sea similar al aplicado anteriormente”, explicó el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar Sáenz.

De los $502,6 billones inicialmente proyectados para el año anterior, solo se lograron comprometer $456,5 billones, reflejando una brecha preocupante entre las expectativas y la ejecución real. Este contexto ha generado inquietud a nivel local e internacional debido al impacto que estos ajustes tendrán en sectores clave del desarrollo social y económico.

“El endeudamiento del país subió significativamente durante 2024 y el recaudo fiscal está muy por debajo de lo proyectado, lo que agrava la situación fiscal”, agregó Salazar Sáenz.

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Además, reiteró que el Gobierno nacional incumplió en 2024 la regla fiscal, pero lo soportó con la estrategia de clasificar la caída del recaudo como una "Transacción de Única Vez", que aunque técnicamente válida, pone de relieve la dependencia de soluciones temporales y poco sostenibles.

La rebaja de la perspectiva crediticia de Colombia a negativa, por parte de Fitch Ratings, añade presión al panorama económico. La calificadora alerta sobre la incertidumbre en torno a la capacidad del país para mantener la sostenibilidad fiscal a largo plazo, lo que podría afectar la confianza de los mercados y las condiciones de financiamiento externo.

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El mensaje oficial busca proyectar prudencia fiscal, pero el contexto actual plantea enormes desafíos para cumplir con los compromisos económicos sin comprometer las necesidades esenciales de la población y los programas estratégicos del país.