Bares y restaurantes revisan 'con lupa' nueva ley de propinas
Acodres aseguró que se está analizando el impacto de esta iniciativa.
Pese a que en un principio los gremios de bares y restaurantes se oponían a la iniciativa que busca regular la destinación de las propinas en estos establecimientos -únicamente para el personal de servicio- luego de que esta pasara a sanción presidencial, señalaron que van a revisarla con detenimiento.
La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) y Asobares aseguraron que están revisando con lupa el texto final de la iniciativa, aunque destacaron que en ella se acogieron muchas observaciones realizadas.
Entre ellas destacaron la que indica que la propina no se debe repartir únicamente entre los meseros, sino entre los demás empleados como cocineros, barmans, hostess y cajeros, etc.
Otro de los reparos que tenían los gremios, y que fue acogido en la ley, es que el Ministerio de Trabajo no tenía porqué vigilar el cumplimiento de esta iniciativa, ya que la propina no es un factor salarial. En ese orden de ideas la autoridad competente es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Para los gremios quedan unos pequeños ajustes que esperan se superen en la regulación, como, por ejemplo, los gastos que se tengan en transferencias bancarias cuando la propina se pague con tarjetas débito o crédito, con el fin de saber quién debe asumir el costo, si el dueño del establecimiento o el empleado.
Cabe recordar que luego de su posterior sanción presidencial, la Ley de propinas establecerá sanciones para dueños de establecimientos en dos tipos de casos: el primero de ellos, cuando en los establecimientos se imponga la propina dentro de las facturas y apliquen una obligatoriedad al consumidor. De darse esta situación, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) podría imponer multas hasta por más de 1.300 millones de pesos.
El segundo de los casos tiene que ver con la apropiación de las propinas por parte de los empleadores. Allí las autoridades podrían aplicar sanciones de más de 3.400 millones de pesos. El que no cumpla con las normas vigentes y sea reiterativo en las faltas podría verse afectado con el cierre del establecimiento.