Los cinco grandes sobrecostos que derivaron en el escándalo de Reficar
Así lo revela la auditoría realizada por la Contraloría General de la República y que derivó en la apertura del proceso de responsabilidad fiscal a 47 de los implicados en este proceso.
Fueron cinco los grandes sobrecostos que durante igual número de años, las diferentes juntas directivas de Ecopetrol y Reficar avalaron para ultimar el proyecto de ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena.
El primer de ellos, relacionado como el control de cambios número 1, ocurrió el 24 de mayo del 2011. En aquella oportunidad, se avaló una adición de US$216.5 millones, con el fin de maximizar el proceso de actividades petroquímicas de la refinería. Con ello, el proyecto, que costaba en el papel US$3.777 millones pasó a valer US$3.994 millones.
El segundo sobrecosto, aprobado por la juntas, sucedió el 7 de mayo del 2012. En aquel entonces, el incremento fue de US$861 millones. El argumento fue que se necesitaban ultimar trabajos complementarios para garantizar la operación de las unidades de la refinería e incluso, unas partidas para solventar sobrecostos derivados de la mitigación de riesgos en el proyecto de ampliación del complejo.
Pero también se argumentó "pérdida de productividad de la mano de obra directa, causada por actos u omisiones tanto por parte de CBI y Reficar en Ingeniería, Modularización y Construcción", revela el informe de la Contraloría. En este segundo control de cambios se pasó de US$3.993 millones a US$4.854 millones, en cuanto al costo del proyecto.
Un tercer momento en esta novela de sobrecostos ocurrió el 15 de mayo del 2013. En esa fecha se registró el tercer control de cambios en el cuál la junta directiva ajustó el presupuesto proyectado en US$2048 millones.
De este total, la junta decidió adicionar US$726 millones "por bajo el rendimiento en el desarrollo de la ingeniería de detalle por parte de la empresa contratista CBI".
Así mismo, se avaló una adición de US$391 millones por la deficiente supervisión de la obra y la falta de materiales para el proyecto.
En esta junta se aprobaron US$144 millones adicionales para solventar problemas en la subcontratación de la empresa norteamericana CBI; US$ 77 millones para mejorar el impacto de la ingeniería del proyecto, y US$1 millones más para incentivar al personal extranjero e incrementar la mano de obra.
La auditoría de la Contraloría revela que el cuarto sobrecosto fue avalado el 16 de enero del 2015, por US$751 millones. Esta adición se debió principalmente al impacto que se habría dado por la huelga de trabajadores que se adelantó en aquel entonces. Dicha huelga le costó al proyecto US$565 millones. Con estas adiciones, el proyecto que en el papel comenzó costando $730 millones ya iba en US$7.153 millones.
Y llegamos al quinto sobrecosto, sucedido el 4 de noviembre de 2015. En aquella fecha, se aprobó la adición de US$673 millones. Este nuevo sobrecosto se dio gracias a "los sistemáticos incumplimientos en costo y cronograma por parte de CB&I. Retrasos en las fechas de terminación de construcción de subsistemas de unidades mayores", señala el reporte de la Contraloría. Incluso a anomalías como tiempos extra, turnos adicionales y "asunción de trabajos de construcción no adelantados por CBI".
Todos estos sobrecostos llevaron al proyecto a costar US$8.016 millones. Por este escándalo fueron llamados 47 miembros de las juntas directivas de la época, entre ellos ministros y exministros de Hacienda y Minas y Energía, directivos y exdirectivos de Ecopetrol y Reficar y los contratistas de empresas como CBI.