Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, condenada por vender viviendas públicas a fondos buitre

 El Tribunal de Cuentas español condenó a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a seis de sus ediles, del conservador Partido Popular, a pagar 22,7 millones de euros (casi 25 millones de dólares) por vender en 2013 viviendas públicas a un fondo de inversión por debajo del precio contable y de mercado.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Efe, se condena también al consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en 2013 a abonar 3.040.000 euros (3.478.000 dólares).

El Tribunal de Cuentas considera que el menoscabo total a los fondos públicos provocado por esta operación asciende a 25,7 millones de euros.

La sentencia considera probado que la operación en la que se vendieron 18 promociones de vivienda pública protegida, con más de 5.000 inmuebles, por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia.

Asimismo, según el Tribunal, la operación se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles de 159 millones de euros y también por debajo del precio del mercado.

Todos los condenados anunciaron ya en un comunicado que recurrirán la decisión, que no es firme, y recordaron que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicitó desestimar la demanda al no apreciar responsabilidad contable.

El Tribunal de Cuentas adopta esta decisión a raíz de la demanda presentada por el actual Gobierno municipal de izquierda, presidido por Manuela Carmena.

La venta de esas viviendas por parte del gobierno municipal de Botella, que necesitaba liquidez, se llevó a cabo en plena crisis económica y provocó el desahucio de numerosos inquilinos, que no pudieron pagar el aumento de los alquileres impuesto por los nuevos propietarios.

Ana Botella, esposa del expresidente del gobierno español José María Aznar, fue elegida alcaldesa de Madrid en diciembre de 2011(estuvo hasta 2015), después de que renunciara a ese puesto Alberto Ruiz Gallardón, que fue nombrado ministro de Justicia en el gabinete de Mariano Rajoy.