Cuba llega al aniversario del 11J sin soluciones a las causas de su mayor protesta

Cuba cumple un año desde el estallido del 11J, las mayores protestas antigubernamentales en décadas, sin soluciones para el grueso de las causas que lo provocaron, del desabastecimiento a la inflación y los apagones.

El descontento y hartazgo de muchos durante meses convirtió aquel día una protesta espontánea en San Antonio de los Baños en el catalizador de unas movilizaciones sin precedentes que se extendieron rápidamente en todo el país.

Aupadas por las transmisiones en vivo en Facebook, las marchas lograron articularse en cerca de 50 puntos de la isla, con epicentro en la capital. 

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La mayoría protestaba por la escasez de alimentos y medicinas, la inflación desbocada, la dolarización parcial de la economía y los constantes cortes en la luz, síntomas de una dura crisis económica fruto de los errores en la política nacional, las sanciones de Estados Unidos y la pandemia.

Pero también había quien exigía libertades y la instauración en Cuba de una democracia liberal, frente al sistema socialista que impera en la isla. La canción "Patria y vida", crítica con el Gobierno, se convirtió en himno de las protestas. 

Aunque la mayoría de las marchas fueron pacíficas, algunos choques con la policía y escenas similares –como lanzamiento de piedras o el vuelco de unos autos patrulla– sirvieron para que el Gobierno, que las consideró orquestadas desde el exterior, las tildara además como violentas y contrarrevolucionarias.

El viernes el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, las calificó como un “golpe de Estado vandálico”. Él dio ese 11 de julio por televisión la controvertida "orden de combate" a los "revolucionarios" para recuperar la calle.

A las protestas siguieron las detenciones masivas, de opositores históricos a ciudadanos anónimos, algunos menores de edad. Las ONG Cubalex y Justicia 11J han documentado 1.484 arrestos.

La Fiscalía General de la República (FGR) apuntó en enero que 790 personas han sido procesadas por estos hechos, de las que 55 tenían en esa fecha entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16.

Hasta el momento los tribunales han emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas. El 78 % de los sancionados (297) obtuvo penas de prisión, en ocasiones de hasta 25 años.

Human Rights Watch (HRW) y ONG locales han reportado asimismo un repunte desde entonces de la represión contra activistas, disidentes y periodistas independientes.

Denuncian detenciones arbitrarias, amenazas, interrogatorios, sitios en sus domicilios y cortes de la conexión a internet, acciones que se intensifican en momentos políticamente sensibles, como en este primer aniversario del 11J o en torno a la protesta frustrada del pasado 15 de noviembre.

En estas condiciones, algunos han abandonado el país. La marcha más mediática fue la del portavoz del colectivo disidente Archipiélago, Yunior García Aguilera.

Covid-19 controlada, crisis agravada

Un año después, el Gobierno solo ha solucionado una de las causas, según los analistas: la crisis sanitaria derivada del mayor brote de covid-19 en la isla.

Entre julio y agosto de 2021 el país sufrió picos de más de 9.000 contagios diarios y cerca de un centenar de muertes al día.

La industria biofarmacéutica estatal produjo tres vacunas contra la covid-19, que poco después se empezaron a inocular de forma masiva entre la población a partir de los dos años.

Cuba ha dado recientemente por controlada la pandemia. Más del 90 % de los insulares cuenta con el esquema completo de vacunación.

Juicios a los manifestantes

Los juicios a los manifestantes se han ido sucediendo desde entonces, especialmente desde finales de 2021. Activistas y ONG hablan de presos políticos y de conciencia, fabricación de pruebas e incumplimiento del debido proceso, algo que el Poder Judicial cubano niega. 

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Uno de los delitos más repetidos es el de sedición, polémico por su connotación política y las elevadas penas de cárcel que conlleva. La ONG Cubalex ha documentado 14 métodos de tortura a los presos por el 11J.

“Las condenas han sido desproporcionadas, por su carácter ejemplarizante. Es muy probable que la criminalización de la protesta haya logrado un efecto de disuasión”, lamenta el académico cubano-mexicano Rafael Rojas, profesor en el Colegio de México.

Este tipo de sanciones –endurecidas en el nuevo código penal aprobado en mayo– han sido criticadas incluso por personalidades tradicionalmente cercanas al Gobierno, como el cantautor Silvio Rodríguez.