El aborto voluntario es un hecho en Argentina; presidente Fernández promulgó la ley

El presidente argentino Alberto Fernández promulgó este jueves la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aprobaba en un histórico debate parlamentario el 30 de diciembre.

La ley permite acceder a un aborto hasta la semana 14 de gestación a sólo requerimiento y dentro de un plazo máximo de 10 días de expresada esa voluntad. 

Con esta ley, Argentina se convierte en el país más grande de América Latina en el cual el aborto es legal, después de Cuba, Uruguay y Guyana. 

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En México está permitido en el Estado de Oaxaca y en Ciudad de México, y en Chile el Congreso comenzó a debatir el miércoles una ley para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

La movilización de miles de jóvenes y colectivos de mujeres de la llamada 'marea verde' fue crucial para que la ley fuera aprobada en el Senado que había rechazado un proyecto similar en 2018.

La norma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Boletín Oficial el viernes. La norma cruzó en forma transversal a las fuerzas políticas y a la sociedad donde también cobró fuerza un movimiento antiaborto respaldado por las iglesias Evangelista y Católica en el país natal del papa Francisco.

Argentina fue pionera en la aprobación del matrimonio igualitario en 2010 y de una ley de identidad de género en 2012. 

Nuevos retos 

Hasta ahora, el aborto en Argentina solo estaba permitido en caso de violación o de peligro para la vida de la mujer, según el código penal de 1921.

El gobierno estima que desde 1983 han muerto más de 3.000 mujeres en los de 370.000 a 520.000 abortos clandestinos que se practican cada año en un país con 44 millones de habitantes.

"Nuestro trabajo generó una fuerte incidencia en las instituciones para construir una legitimidad sobre el aborto con el apoyo de la juventud que nos dio una masividad que en los inicios del movimiento no teníamos", dijo Bosio a modo de balance.

Sin embargo, la ley, que contempla la objeción de conciencia pero obliga a asegurar la interrupción voluntaria del embarazo, plantea nuevos retos al movimiento feminista. 

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"Vamos a tener que seguir peleando para garantizar el acceso a este derecho en un territorio tan heterogéneo con actores conservadores que han crecido también en fuerza y poder", estimó Bosio.

"Como católicas creemos que la ley es un reconocimiento a la idea de que la mujer no sólo nace para ser madre y que la sexualidad no tiene que estar atada sólo a la reproducción, sino al placer. Que deje de ser lo oculto para ser un aspecto fundamental de la vida", afirmó la líder feminista.