Fiscal general de Perú no se pronuncia a pedidos de renuncia

El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, evitó pronunciarse sobre los pedidos de renuncia en su contra por haber puesto en peligro las investigaciones por el escándalo Lava Jato en el país, a pesar de que los ciudadanos se han tomado las calles en varias ciudades para reclamar su salida del cargo.

Chávarry ha evitado comentar hasta el momento los pedidos de varios fiscales supremos para que abandone el máximo cargo en el Ministerio Público, al cual se han sumado varias bancadas en el Congreso y el propio jefe de Estado, Martín Vizcarra.

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El fiscal de la Nación repuso el miércoles en sus cargos al coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, y al fiscal especializado en lavado de activos José Domingo Pérez, dos días después de cesarlos, pero esa medida sólo ha recrudecido los pedidos para su salida definitiva por el retraso provocado en las pesquisas.

Pérez declaró este jueves que ya no se podrá firmar el próximo día 11 el acuerdo de colaboración con la constructora brasileña Odebrecht, que debía ofrecer mayores pruebas de los delitos de corrupción cometidos en el país entre 2005 y 2014.

"Lamentablemente, la decisión de Pedro Chávarry ha provocado nuevamente que se tengan que realizar estas gestiones, pero ello está a cargo del doctor Rafael Vela, quien va a comunicar las nuevas fechas en las que se llevarán a cabo estas diligencias", dijo Pérez sobre la programación de los interrogatorios a los exdirectivos de Odebrecht.

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El equipo de fiscales peruanos alcanzó un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con los directivos de Odebrecht en diciembre pasado, por el que la empresa se comprometió a entregar información y documentación relevante sobre el pago de sobornos y la entrega de aportes económicos a funcionarios y políticos peruanos.

Como parte de ese acuerdo se habían programado interrogatorios en Brasil relacionados a investigaciones que se siguen contra los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, la ex primera dama Nadine Heredia y la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán.

El equipo especial también tiene a su cargo las investigaciones contra la lideresa opositora Keiko Fujimori y los expresidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, entre otras autoridades y exfuncionarios.

En vista a estos hechos, el mandatario peruano, Martín Vizcarra, declaró que "este acuerdo con la Fiscalía de Brasil tiene que retomarse" y que si ha habido algún tipo de inconveniente, "hay que corregirlo, pero para eso hay que respaldar a los fiscales y darles todo el soporte".

Vizcarra ha presentado un proyecto de ley para reestructurar el Ministerio Público, que el Congreso pondrá en agenda el próximo lunes, con el fin de separar a Chávarry del cargo y asegurar la continuidad de las investigaciones contra Odebrecht por los millonarios sobornos repartidos en el país.

En forma paralela, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Avalos solicitaron a Chávarry convocar este jueves a una Junta de Fiscales Supremos para analizar su situación al frente del Ministerio Público, lo cual fue desoído por el fiscal general.

De igual manera, el presidente del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima, Walter Ayala, planteó al Tribunal de Honor de ese colegio convocar a una sesión para suspender la colegiatura de Chávarry, como una medida de emergencia para apartarlo del cargo.

No obstante, la decana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero, dijo que esa convocatoria no procede porque el Tribunal de Honor tiene que resolver primero una recusación planteada por Chávarry contra Ayala.

En medio de este clima de crisis institucional en la Fiscalía, miles de personas marcharon en Lima y varias ciudades peruanas, como Cusco y Huancayo, exigiendo la destitución de Chávarry y poner fin a la corrupción en el sistema judicial.

Convocados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, manifestantes de organizaciones civiles, partidos políticos, sindicatos de trabajadores y estudiantes marcharon desde la plaza San Martín hacia la sede del Ministerio Público en el centro de Lima con carteles que pedían "Fuera Chávarry", "No a la mafia" y "No a la corrupción" y ondeando banderas del Perú.