Gas Natural Fenosa reclamará 1.000 millones de euros a Colombia por liquidar Electricaribe

La compañía española Gas Natural Fenosa reclamará al Estado colombiano 1.000 millones de euros por la liquidación de su filial Electricaribe, en una demanda que presentará la semana próxima ante el órgano de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI.

El grupo con sede en Barcelona, que se dedica a comercializar gas y electricidad, "presentará la demanda ante el CIADI por 1.000 millones de euros", afirmó un portavoz. El martes el Gobierno había ordenado liquidar la filial de la empresa española, intervenida desde noviembre por su precaria situación financiera.

Por el contrario, la embajada de Colombia en España subrayó que en el contencioso con Gas Natural Fenosa a cuenta de su filial Electricaribe no ha habido expropiación, sino liquidación de acuerdo con la ley, y que el diálogo con la multinacional sigue abierto.

Al conocerse la liquidación de Electricaribe, Gas Natural aseguró que la decisión del Gobierno colombiano es "contraria al proceso de diálogo" abierto en los últimos meses con Colombia y también "al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia", a la vez que "impacta negativamente" en el clima requerido para que se produzcan flujos de inversión internacional hacia ese país.

"La orden de liquidación de la compañía es claramente un paso en la dirección opuesta a los principios que preconiza la OCDE", aseguró la multinacional española.

Electricaribe proporciona electricidad a 2,5 millones de clientes de bajos recursos económicos y a la industria de la zona en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena, y estaba intervenida por el Gobierno colombiano desde el pasado 15 de noviembre.

El Gobierno colombiano y las autoridades locales del país justificaron la intervención de Electricaribe por los continuos fallos en el servicio y por la falta de inversiones de Gas Natural Fenosa, mientras que la empresa española se quejaba de la falta de seguridad jurídica de su filial, aquejada por una elevada morosidad y fraude en la zona donde opera, y sostenía que, en esas condiciones, no podía seguir invirtiendo.

Con información de EFE y AFP.