Gobierno Trump impone sanciones drásticas a bancos iraníes
Se declaró de manera general que todo el sector financiero podría ser utilizado para apoyar el programa nuclear.
El gobierno de Estados Unidos impuso este jueves sanciones drásticas al sector bancario de Irán, dando un nuevo e importante paso para paralizar la economía del país, semanas antes de las elecciones presidenciales en las que Donald Trump busca la reelección.
El Departamento del Tesoro sancionó a 18 grandes bancos iraníes, lo que podría aislar en gran medida al país de 80 millones de habitantes del sistema financiero mundial, justo cuando trata de hacer frente a la pandemia de covid-19.
El gobierno de Trump no enumeró acusaciones específicas contra la mayoría de los bancos, sino que declaró de manera general que todo el sector financiero iraní podría ser utilizado para apoyar el controvertido programa nuclear de Teherán y su "maligna influencia regional".
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"Nuestros programas de sanciones continuarán hasta que Irán deje de apoyar actividades terroristas y ponga fin a sus programas nucleares", dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Esta estrategia "detendría el acceso ilícito a los dólares estadounidenses", explicó.
El Departamento del Tesoro eximió a las transacciones de bienes humanitarios como alimentos y medicinas.
"En plena pandemia de covid-19, el régimen estadounidense quiere destruir nuestros últimos canales para pagar por la comida y los medicamentos", denunció el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, en Twitter.
"Los iraníes sobrevivirán a esta última crueldad, pero conspirar para que un pueblo sufra hambre es un crimen contra la humanidad", añadió.
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Selon Barbara Slavin, del centro de estudios Atlantic Council, "estas sanciones son sadismo disfrazado de política exterior". "No pondrán de rodillas al gobierno iraní pero debilitarán a la gente común (y) alentarán el mercado negro", señaló también en Twitter.
Diplomáticos europeos consideran que las sanciones de Estados Unidos tienen consecuencias humanitarias nefastas, ya que pocas instituciones de otros países están dispuestas a asumir los riesgos de una eventual acción judicial en la mayor economía del mundo.