Italia: gobierno de derecha regula fiestas electrónicas

En nombre del orden y la ley, el gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni se estrenó esta semana con un controvertido decreto contra las fiestas electrónicas, que incluye penas de cárcel de hasta seis años para organizadores y participantes. 

El texto aprobado durante el primer consejo de ministros suscita fuerte preocupación entre la oposición, que teme que se extienda a todo tipo de manifestaciones, entre ellas la ocupación de escuelas y universidades a modo de protesta.

"Se trata de un error muy grave. Los raves o fiestas electrónicas no tienen nada que ver con ese texto, se está poniendo en cuestión la libertad de los ciudadanos", dijo el líder del Partido Democrático, Enrico Letta, a través de Twitter. 

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La medida llamada en internet "Se terminó la fiesta", ha sido criticada por la dureza de las condenas y porque de hecho autoriza las escuchas telefónicas, lo que en principio sirve para delitos muy graves como mafia o fraude fiscal".

"La juventud condenada al patíbulo", reaccionó el escritor Erri de Luca, al defender las manifestaciones musicales libres y gratuitas de varios días y que generalmente se celebran sin autorización en un edificio abandonado o al aire libre, llamados rave.

La medida contra esos eventos fue tomada tras el desalojo pacífico de 3.000 jóvenes, después de 48 horas bailando entre alcohol y drogas, en un galpón abandonado de la ciudad de Módena.

También se propone castigar con cárcel a los organizadores de reuniones no autorizadas de más de 50 personas si se consideran peligrosas para la seguridad o la salud, así como confiscar los equipos de música, camiones, furgonetas y poner una multa de entre 1.000 y 10.000 euros.

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Las disposiciones propuestas por el nuevo ministro del Interior, Matteo Piantedosi, conocido por sus posiciones ultraderechistas, fueron defendidas por el gobierno.

"Ofrecen nuevos y más efectivos instrumentos gracias a los cuales será posible intervenir rápidamente para frenar un fenómeno que es particularmente costoso para el Estado, y por ende para la comunidad, ya que requiere el compromiso de importantes recursos y de muchos agentes del orden público", explicó el ministro.