Las razones para creer que Fernando Albán no se suicidó sino que fue asesinado
Joel García, su abogado, habló con LA FM. Lo propio hizo Gilber Caro, diputado a la Asamblea Nacional.
El concejal opositor Fernando Albán, quien se hallaba detenido por un presunto atentado contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, apareció muerto el lunes anterior en la sede del servicio de inteligencia denominado Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Según el fiscal general de ese país, Tarek William Saab, se quitó la vida. sin embargo, su partido, Primero Justicia, denunció que se trató de un "asesinato". "Responsabilizamos a Maduro y a su régimen torturador", señaló la organización en un comunicado.
Saab explicó telefónicamente a la VTV televisión, a las órdenes del régimen de Maduro, que Albán "solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso diez". Albán, concejal del municipio Libertador de Caracas, fue detenido el pasado viernes acusado de participar en la explosión de dos drones cerca de la tarima en la que Maduro pronunciaba un discurso el 4 de agosto, durante un desfile militar en la capital.
El mandatario denunció ese hecho como un "magnicidio en grado de frustración" y responsabilizó como autor intelectual al diputado Julio Borges, fundador de Primero Justicia y exiliado en Colombia. La "crueldad de la dictadura terminó con la vida de Fernando Albán", reaccionó Borges en Twitter, al recordar que el concejal había viajado a Nueva York la semana pasada para visitar a sus hijos y lo acompañó a Naciones Unidas.
"No va a quedar impune su muerte", añadió el diputado, a quien Maduro acusa de formar parte de una trama para derrocarlo con la ayuda de Estados Unidos y Colombia. El fiscal anunció una "investigación exhaustiva" y prometió esclarecer las causas.
Joel García, su abogado defensor, habló con LA FM. Según dijo, Fernando Albán estaba muy tranquilo y aunque nunca dijo haber sido golpeado, sí dijo haber sido presionado. "Él me manifestó que no lo habían tocado. Lo habían presionado con interrogatorios para que dijera cosas que no había sucedido", aseguró.
"El domingo me vi con él y estaba completamente tranquilo. Yo dudo que Fernando Albán se haya quitado la vida, dudo que haya tomado una decisión de suicidarse", agregó, al tiempo que informó que, de manera sospechosa, las autoridades venezolanas no le permitieron ni a él ni a su familia estar en la autopsia. Además, aseguró, instaron a la familia a cremar sus restos.
García también aseguró que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tiene cámaras en prisión y por eso debería dejar ver los últimos momentos de Fernando Albán antes de que supuestamente se suicidara.
Joel García, abogado de Fernando Albán
De otro lado, con velas en sus manos, decenas de personas realizaron una vigilia la noche de este lunes en la sede del Sebin en Caracas para protestar por la muerte de Albán. "Esto no es suicidio, esto es homicidio", gritaban, custodiados por agentes policiales. El cuerpo del concejal fue entregado a sus familiares la noche de este lunes y trasladado al cementerio del este de Caracas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó la muerte. "Responsabilidad directa de un régimen torturador y homicida", escribió en Twitter. El excandidato presidencial Henrique Capriles, miembro del partido de Albán, señaló que lo ocurrido "es total responsabilidad del régimen". "NUNCA podría haber actuado contra su vida", subrayó en Twitter.
Antes, el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, afirmó que el político se suicidó "en el momento en que iba a ser trasladado al tribunal".
Gilber Caro, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, le dijo a LA FM que la muerte de Fernando Albán es muy extraña porque, conociéndolo, él no procedería así. "Aquí se persigue a quien piensa distinto", recordó.
Gilber Caro, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela
El también concejal de Primero Justicia, Carlos García, murió en septiembre de 2017 por un accidente cardiovascular tras permanecer diez meses detenido en calabozos del Sebin en Guasdualito, estado Apure. El partido denunció que le negaron la atención médica. En Venezuela hay unos 236 presos políticos, según la ONG Foro Penal.