Nicaragua celebra la decisión de la CIJ en litigio con Colombia
Nicaragua dice que la CIJ también reconoció el interés del Gobierno de abordar, mediante un acuerdo bilateral, la situación de raizales.
Nicaragua celebró este jueves que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le haya dado la razón en su litigio con Colombia, lo que le permitirá extender permisos de pesca "y cualquier permiso de exploración y explotación de los recursos en sus áreas".
La CIJ consideró válidas las denuncias de Nicaragua sobre la violación por parte de Colombia de su "soberanía y jurisdicción" con su permiso de pesca a buques colombianos y su "interferencia" con las tareas nicaragüenses de investigación científica marina en aguas de Managua.
"El día de hoy la Corte ha dictado sentencia firme, definitiva y de obligatorio cumplimiento en la que da la razón a Nicaragua al confirmar que Colombia implementó una política de Estado que ha violado la jurisdicción y los derechos soberanos de Nicaragua", señaló el Gobierno del presidente, Daniel Ortega, en una declaración.
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Según Managua, el tribunal de la ONU determinó que Colombia intervino con las actividades de pesca, investigación científica marina y operaciones navales de Nicaragua en su zona económica exclusiva.
Además, intentó imponer medidas de conservación a los recursos naturales y medio ambiente marino de Nicaragua, autorizar actividades de pesca en la zona económica exclusiva nicaragüense, y emitir el Decreto Presidencial 1946 del 9 de septiembre de 2013 que desconocía una sentencia de la CIJ.
La CIJ, según Nicaragua, ordenó a Colombia "cesar su conducta ilegal en todos los aspectos mencionados y reformar su legislación de conformidad al derecho internacional consuetudinario, en particular las provisiones del Decreto Presidencial 1946 y sus reformas, de tal forma que las mismas no abarquen áreas pertenecientes a Nicaragua ni tampoco se arrojen facultades incompatibles con el derecho internacional".
Por otro lado, Managua destacó que la CIJ confirmó "que Nicaragua no ha violado derecho alguno de pesca histórico de la población raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia", y que más bien "reconoció como positivo el gesto" del Ejecutivo nicaragüense "al expresar interés en abordar bilateralmente por la vía de un acuerdo la situación de la población raizal del Archipiélago".
Nicaragua podrá extender permiso de exploración y explotación
"La sentencia ha dejado en claro explícitamente que Nicaragua es el Estado soberano para extender permisos de pesca, y cualquier permiso de exploración y explotación de los recursos en sus áreas", resaltó Managua.
También para "conservar el medio ambiente marino de toda su zona económica exclusiva, entre otros, de acuerdo al derecho internacional, la Convención de Cartagena y el Protocolo relativo a las áreas y a la flora y fauna silvestres especialmente protegidas", agregó.
En ese sentido, a juicio de Managua, quedó "confirmado que la Reserva de Biósfera del Caribe Nicaragüense, creada en el 2021, se encuentra dentro de las áreas jurisdiccionales de Nicaragua en conformidad con las normas internacionales".
Asimismo, Nicaragua adelantó que "tomará los pasos necesarios para ajustar su legislación con respecto a sus líneas de base recta en el mar Caribe para que las mismas puedan cumplir a cabalidad con las recomendaciones del alto tribunal".
Reafirmó, además, "su firme compromiso con el Estado de Derecho a nivel internacional y la solución pacífica de las controversias entre los Estados".
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Este fallo tiene sus orígenes en una sentencia de la CIJ emitida el 19 de noviembre de 2012, por la que Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los cayos que lo integran, y conservó 12 millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar.
Nicaragua denunció entonces ante la CIJ, con sede en La Haya, que Colombia había violado el derecho internacional por no aplicar esa sentencia porque su Armada hace operaciones en aguas caribeñas que no le corresponden y Bogotá expidió el decreto que estableció una "zona contigua integral".