Nicaragua sigue sumida en ataques a la libertad de expresión

Entre los detenidos están los periodistas Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, ambos hermanos, Miguel Mora, y Miguel Mendoza, críticos del Gobierno. 

La preocupación por la libertad de expresión en ese país se ha extendido hasta la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que abrió un espacio para algunos testimonios de periodistas que han vivido la persecución, la censura y los ataques en Nicaragua. 

Aníbal Toruño, director de Radio Darío en Nicaragua, relató cómo su emisora fue atacada e incendiada por su labor crítica hacia el gobierno de Daniel Ortega durante las protestas sociales que empezaron en 2018.

Toruño fue perseguido y se encuentra exiliado en Estados Unidos. Recordó que "a meses de la farsa electoral", Ortega ya "cerró más de 23 medios de comunicación desde que llegó al Gobierno en 2006" y eso incluye el golpe dado recientemente a lo que Aníbal califica como el "símbolo de la libertad de expresión", el diario La Prensa, "ahora acusado de lavado de dinero y defraudación fiscal, con su gerente general, Lorenzo Holmann, encarcelado". 

Pero no solo hay ataques a los medios y a periodistas, si no a los ciudadanos. "La autocensura trasciende a la población en general que, sumada a la represión, también se ven limitados en su derecho a expresarse. Lo hacen murmurando, a media voz, hay temor, hay miedo", dice el periodista. 

Por su parte, la periodista Tiffani Roberts, corresponsal de Univisión para Nicaragua, explicó que la persecución contra los medios y los periodistas ha aumentado luego de que el Gobierno decidiera investigar y acusar de lavado de dinero a la Fundación Violetta Chamorro.

Esa organización "era el paraguas que ayudaba con equipos, con capacitaciones, a todos los medios independientes, y su trabajo es el fortalecimiento de la democracia con el fortalecimiento de los medios de comunicación". 

Con ese ataque a la Fundación, "ellos han llamado a un por uno, a todos los dueños de medios, los citan y los amenazan con la ley de ciberdelito".

Esa ley ordena a todos los periodistas a revelar sus fuentes, y si son anónimas, se les señala de producir fake news, o traición a la patria, y eso lo determina un fiscal. "Es de uno a ocho años de prisión, esto no es una multa de 100 dólares", dice Tiffani. 

Los periodistas creen que han aprendido a manejar el miedo para evitar la censura, y que su papel desde el exilio es hablar para que el mundo conozca lo que sucede en su país. 

Acercándose las elecciones presidenciales, la misma Asociación Internacional de Radiodifusión emitió en junio una resolución en la que exigen "el inmediato cese de todo acto de persecución y represión contra comunicadores y medios independientes en Nicaragua" y reiteran "su más enérgica condena al régimen de Daniel Ortega y a los grupos que le son afines, por las constantes violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua, enfatizando que sin Libertad de Expresión no hay Democracia.