Registran viviendas de Cristina Fernández en busca de pruebas de sobornos

La Justicia de Argentina desarrolló este jueves un intenso operativo de registros en los domicilios de Cristina Fernández en busca de pruebas en la investigación en la que es sospechosa de haber recibido millonarios sobornos en los años en los que fue primera dama (2003-2007) y presidenta del país (2007-2015).

Al filo del mediodía, un dispositivo integrado por efectivos policiales, entre ellos personal de la división explosivos, ingresó al bloque de apartamentos del barrio de Recoleta de Buenos Aires donde reside la actual senadora cuando está en la capital.

Entre multitud de medios de comunicación y grupos de seguidores de Fernández que tenían en "Fuerza, Cristina" su principal proclama, varios de los agentes se hicieron paso para ejecutar el registro, ordenado en el quinto piso del edificio por el juez del caso, Claudio Bonadio, y de cuyo resultado no han trascendido detalles.

"Creo que lo que están buscando es la humillación de la expresidenta", dijo a Efe Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Fernández.

El letrado criticó duramente que la petición de este registro, -que por tener Fernández fueros debió ser autorizado el Senado y tardó varias semanas-, se conoce desde "hace un mes y medio", mientras que en "cualquier lugar del mundo" los allanamientos "deben ser sorpresivos".

"Me parece que en ese sentido jurídicamente el allanamiento va a resultar abstracto y negativo. (...) Porque después de un mes y medio... ¿qué pueden encontrar? Nada. Querrán romper las paredes, romperle el departamento, amedrentarla...", añadió Dalbón.

Otro de los abogados de la política, Carlos Beraldi, denunció que lo echaron del allanamiento y que planteará la nulidad del procedimiento.

La expresidenta no se encontraba en el apartamento al momento del operativo, ya que según medios locales pasó la noche con su hija Florencia en su apartamento del barrio porteño de Constitución.

No obstante, Fernández, que insiste en que es víctima de una persecución judicial impulsada por el Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, había acabado dando el visto bueno el pasado martes a los registros para terminar con el "show" que en su opinión se ha convertido su situación.

Sin embargo, no se aceptó su petición de que no hubiera registros gráficos de los operativos y que estuvieran presentes sus abogados y un senador o senadora designados por ella.

Bonadio también solicitó allanar los otros dos domicilios de la ex jefa de Estado en las localidades patagónicas de Río Gallegos -donde también se inició ya el procedimiento policial- y El Calafate.

Esta última casa cobra especial significado para ella por ser donde falleció en octubre de 2010, de un paro cardiaco, su esposo, el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), cuya figura también es investigada como cabeza de la "asociación ilícita" que se le imputa a Fernández.

La investigación de los sobornos se hizo pública el 1 de agosto pasado y ha dejado multitud de empresarios y exfuncionarios imputados, de los que alrededor de una quincena han declarado ya como "arrepentidos", figura que otorga a los acusados beneficios penales si colaboran con la Justicia.

Entre ellos, Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales, llegó a reconocer que le llevaba a Kirchner bolsos con dinero que recaudaba en las concesionarias viales y que en algunas ocasiones Fernández estaba presente.

También Gabriel Romero afirmó que pagó 600.000 dólares porque Fernández firmara el decreto de extensión de la concesión a su empresa, hasta 2021, del mantenimiento de la hidrovía del Paraná.

El caso salió a la luz por los cuadernos que Oscar Centeno, un chófer del Ministerio de Planificación, escribió durante más de una década, en los que contaba cómo supuestamente llevaba bolsas con dólares de parte de empresarios a miembros del kirchnerismo, entre ellos al matrimonio Kirchner en su residencia oficial o en el apartamento de Recoleta.

En sus apariciones públicas, Fernández niega todas las acusaciones -está afectada por seis causas-, y atribuye sus problemas judiciales a una operación para conseguir proscribirla políticamente cuando queda apenas un año para las próximas elecciones presidencias, a las que todavía no ha confirmado si se postulará.

En respuesta a sus acusaciones, el jefe del gabinete de ministros del Gobierno de Macri, Marcos Peña, reiteró este jueves que la Justicia trabaja de forma independiente y que "no hay ningún elemento" que sustente que hay una persecución política contra la exmandataria.