Reino Unido suspende "inmediatamente" su tratado de extradición con Hong Kong

El ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, anunció el lunes la suspensión "inmediata y por una duración indeterminada" del tratado de extradición con Hong Kong, en reacción a la imposición por China de una controvertida ley de seguridad en la excolonia británica.

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En un anuncio muy esperado ante el Parlamento, el ministro justificó esta decisión en el hecho de que la ley de seguridad impuesta en Hong Kong ha "modificado considerablemente" la manera en que funciona su sistema judicial.

China puede ahora reclamar "la jurisdicción en ciertos asuntos", que entonces pasarían "ante los tribunales chinos", argumentó el jefe de la diplomacia británica. 

Raab también anunció ante el Parlamento que el Reino Unido decidió además extender a Hong Kong el embargo de armas "potencialmente letales" que aplica a China desde 1989.

"La extensión de este embargo significa que no habrá más exportaciones de armas potencialmente letales, sus componentes o municiones", explicó el ministro, añadiendo que esto también se refiere a "todo equipo que no esté ya prohibido (en China) pero que podría ser utilizado para la represión interna".

Ambas decisiones se adoptaron en respuesta a la promulgación por China a finales de junio, tras una oleada de protestas por las libertades en Hong Kong, de la ley de seguridad nacional en ese territorio. 

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Entre otras cosas, la ley castiga las actividades separatistas, "terroristas", la subversión o las injerencias extranjeras en el territorio autónomo de China.

"Es una violación clara y seria del tratado sino-británico que había organizado en 1997 la retrocesión de Hong Kong a Pekín, señaló Raab.

Gracias a este texto, a Hong Kong se le garantizaban hasta 2047 libertades desconocidas en el resto de China, según el principio "un país, dos sistemas".

En reacción Londres ya había anunciado la ampliación de los derechos de inmigración a millones de hongkoneses titulares del "pasaporte británico de ultramar", lo que facilitaría el acceso a la ciudadanía.