Se cumple un año del secuestro y asesinato de periodistas de El Comercio

Ecuador recuerda con muchas incógnitas aún abiertas el primer aniversario del secuestro, y posterior asesinato, de un equipo de periodistas del diario El Comercio, un suceso sin precedentes que reveló las desnudeces de su Gobierno.

Paul Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega viajaron al norte hace exactamente un año para dar seguimiento a la deteriorada situación en la frontera con Colombia, donde operaban, y aún operan, grupos narcotraficantes.

Tras pasar un control de seguridad ecuatoriano, y llegar a Mataje fueron capturados y trasladados a territorio colombiano por el Frente Oliver Sinisterra, disidencia de las Farc bajo el mando de un hasta entonces desconocido alias "Guacho", abatido ocho meses después.

"Anomalía", "pesadilla", "una tortuosa historia que no debió ser contada", son algunos de las descripciones a las que recurre la periodista María Belén Arroyo para los dramáticos hechos.

Coautora de la única investigación hasta ahora sobre ese episodio, que narra con su marido, el también periodista Arturo Torres, en el libro "Rehenes" (Ed. Vórtice, 2019), reconocen que nadie se esperaba el desenlace de un asesinato a sangre fría.

Pero, sostiene, "hubo mucha desidia, mucha incompetencia, y descoordinación en las diferentes entidades del Gobierno, en general, que impidieron la negociación de un canje" por tres detenidos que el Guacho exigía a Ecuador.

Eran tres disidentes arrestados el 12 de enero anterior en una de las redadas iniciadas por el gobierno de Lenín Moreno para poner fin a años de abandono en esa región.

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Para Torres, el deterioro comenzó por presión de las Farc, que empujaron hacia Ecuador a unos disidentes que, habiendo sido miembros de las Farc, conocían las vías de entrada y protocolos desde tiempos del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

"Antes, con su presidente Correa, no teníamos ningún problema, él estaba en su territorio y nosotros acá, en nuestro lado. Ahora Moreno viene a meterse en nuestra casa", se quejó un disidente al que entrevistaron.

Guacho respondió a la detención de sus hombres con una cadena de atentados con bomba, las más serias el 27 de enero, contra una comisaría en San Lorenzo, y la del 20 de marzo, contra una unidad policial, que causó cuatro muertos. Pero no fueron los únicos.

"Ningún gobierno en este país estaba preparado para enfrentar la crisis (..) No había esa preparación, pero tampoco los organismos de inteligencia estaban articulados para saber la magnitud del problema", sostiene Torres.

En todo ese período -se supo durante el secuestro del equipo periodístico-, un mayor de la Policía estuvo chateando con el Guacho, que le exigía insistentemente la devolución de sus hombres.

Arroyo y Torres, que han reconstruido el chateo con la ayuda de varias fuentes, aseguran que cuanto menos las conversaciones reflejan un "escenario de negligencia" en la que Ecuador sólo le daba "largas" al disidente y acabó "cansando al personaje".

Con el secuestro del equipo periodístico, así como tres semanas después el de una pareja, Guacho tenía a priori el objetivo de negociar pero, a juicio de ambos autores, no encontró seriedad en sus interlocutores.

En su libro, destacan entre otros factores la falta de información de inteligencia que permitiera al Gobierno ecuatoriano afrontar la situación, descoordinación entre organismos, la ausencia de ministros cualificados en las carteras relevantes, y también el que "se siguieran haciendo operaciones militares" cuando en teoría se negociaba.

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"Los hechos muestran operaciones permanentes durante el secuestro", señala Torres al hablar de una "ambigüedad" que acabó confundiendo al Guacho.

El trágico asesinato costó el puesto a los ministros del Interior, César Navas, y de Defensa, Patricio Zambrano, en quien Moreno había depositado la responsabilidad de la crisis.

Navas negó a ambos autores que supiera de las operaciones, lo que abre nuevos interrogantes sobre el grado de coordinación entre el Gobierno en Quito y las fuerzas en la frontera, o incluso si habían intereses creados vinculados al narcotráfico.

Los autores no llegan a ninguna conclusión sobre si la Policía pudo haber actuado por su lado en una crisis nacional ("¡No quiero ni pensarlo!", exclama Torres), o de la posibilidad de que el Gobierno conociera la operaciones y las ocultara para negarlas en caso de fracaso, como ocurrió con un intento de rescate el 28 de marzo.

E insisten en que Guacho se vio desconcertado por la cooperación acordada entre Ecuador y Colombia en la Cumbre de Pereira de febrero de 2018, así como también por la participación del FBI en la investigación del atentado con bomba en San Lorenzo.

"El problema es que no había antecedentes y eso descolocó a Guacho, quien llegó a pedir a Ecuador 'desacuerde el acuerdo' con Colombia", asegura Arroyo en base al chateo, y ve una contradicción "en el hecho de que un mayor de la policía "chateara con Guacho de tú a tú" a la vez que se le perseguía.

Y es que la gestión de toda la crisis dejó al descubierto una serie de contradicciones en la toma de decisiones y hasta en la alimentación de información a los órganos relevantes y a las familias.

Ni siquiera la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha conseguido aclarar los hechos, y en sus sesiones han aflorado versiones discrepantes entre los gobiernos de Ecuador y Colombia.