Tribunal Constitucional español avala ley que protege el aborto como derecho
Esta ley estableció el aborto libre como un derecho de la mujer, hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22, en caso de riesgo,

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) español avaló este martes, de forma definitiva, la ley del aborto de 2010, que blinda el "derecho" de la mujer a interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, de forma libre.
Fuentes del tribunal de garantías informaron de que el Constitucional rechazó, por siete a cuatro, el recurso del conservador Partido Popular (PP) contra la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, cuando han pasado 13 años desde que se presentó el recurso.
Le puede interesar: El aborto vuelve a la Corte Suprema de EE.UU. con batalla por píldora abortiva
Los cuatro magistrados considerados del sector 'conservador' han formulado un voto particular contra la sentencia.
Nota de prensa | El Pleno del TC afirma que la Constitución reconoce a la mujer el derecho a decidir libremente sobre la continuación del embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación https://t.co/g8RLqc3gAq pic.twitter.com/20xo6Lvw9f
— Tribunal Constitucional de España (@TConstitucionE) May 9, 2023
El resultado del dictamen sobre la ley del aborto de 2010 ya se conocía desde febrero, cuando el TC rechazó un informe previo y designó a la vicepresidenta, la progresista Inmaculada Montalbán, como nueva ponente para que procediera a elaborar otra resolución que desestimara el recurso de inconstitucionalidad del PP íntegramente.
También puede leer: Consejo de Estado rechazó solicitud de suspender el aborto
Esta ley estableció el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías del feto.
El recurso del conservador Partido Popular (PP) consideraba inconstitucional la llamada "ley de plazos" de 2010, frente a la "ley de supuestos" de 1985, es decir, en caso de violación, hasta 22 semanas si hubiese riesgos de malformaciones del feto y sin límite cuando hubiera peligro para la salud física y mental de la madre.