Álvaro García Romero deberá dar información sobre crímenes de guerra y el exterminio de la Unión Patriótica

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le pidió al exsenador Álvaro Alfonso García Romero ajustar la documentación frente a la hoja de ruta de su colaboración para el esclarecimiento de los hechos de los que tuvo conocimiento en el marco del conflicto armado colombiano.

La justicia transicional determinó que con el fin de alcanzar la verdad el excongresista, quien cumple una condena de 40 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de Macayepo (2000), debe presentar los hechos concretos sobre los cuáles aportará a la verdad “respecto a los patrones delictivos, en especial de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras conductas graves de las cuales tuvo conocimiento”.

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Igualmente, deberá incluir todo lo relacionado con los hechos que se presentaron en el departamento de Sucre “y en general en la región de los Montes de María, en los que resultaron victimizados miembros simpatizantes de la UP, victimización que constituye crímenes de lesa humanidad”.

La Sala considera que el exsenador –quien fue uno de los principales condenados por el escándalo de la ‘parapolítica’- deberá entregara información puntual sobre todos los hechos de los que tuvo conocimiento o pueda tener frente a 83 víctimas de desaparición forzada, desplazamiento forzado y homicidio reconocidas por la justicia.

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García Romero fue sentenciado por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación a favor de terceros y homicidio agravado en calidad de determinador. Esto tras comprobarse su participación activa en los hechos que rodearon el asesinato de doce campesinos señalados de colaborar con la guerrilla de las Farc.

La masacre fue ejecutada por orden del jefe del Bloque Montes de María, Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, atendiendo una petición del exgobernador de Sucre, Miguel Nule Amín –condenado a 28 años de prisión-.

El pasado 26 de junio el juzgado 22 de ejecución de penas de Bogotá negó la solicitud presentada por la defensa del exsenador para que se le otorgara la detención domiciliaria.

En la determinación se concluyó que pese a lo manifestado el excongresista no ha cumplido las tres quintas partes de la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia en el año 2010.