Así se orquestó la escandalosa de reventa de boletas para partidos de la Selección Colombia

La Fiscalía General le imputó los delitos de agiotaje agravado (especulación para modificar los precios de los productos), corrupción privada y concierto para delinquir al empresario Medardo Alberto Romero Riveros por las irregularidades que se presentaron en la celebración del contrato para la venta de boletas de los partidos de la Selección Colombia para el Mundial de Rusia 2018.

El delegado del ente investigador indicó que la empresa TicketYa se ganó la licitación de ese millonario pese a que no contaban con los mínimos requisitos exigidos de experiencia, capacidad financiera e incurrir en irregularidades en la propuesta para el millonario contrato ante la Federación Colombiana de Fútbol.

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Para garantizar la entrega de este contrato en agosto de 2015 –resaltó la Fiscalía- los directivos de esta empresa se comprometieron a pagarle un alta suma de dinero al directivo del Real Cartagena, Rodrigo de Jesús Rendón para que moviera sus influencias ante la Federación.

“TicketYa, por así decirlo, era el gancho para saber que la propuesta que ya estaba elegida”, precisó el fiscal al hacer la descripción de los hechos. En este punto se señaló que existió un compromiso claro para direccionar la entrega de este contrato y beneficiar así a esta empresa.

El 19 de agosto de 2105 se adelantó una reunión con los representantes de TicketShop. Tras el evento se manifestó la necesidad de buscar un carro blindado para llevar los tres mil millones de pesos que le iban a pagar a los directivos e implicados en el proceso de licitación para asegurar la adjudicación de ese contrato.

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En el contrato se señalaba que las boletas para los partidos de la Selección Colombia en el Metropolitano de Barranquilla debían venderse por un valor de 2.835.980 millones de pesos, sin embargo, los empresarios lograron vender estas boletas en $5.980 millones, generando así una afectación a las finanzas de la Federación.

Los empresarios revendieron 13.854 boletas, generando un beneficio de 3.105 millones de pesos para los empresarios que habían pactado el “acuerdo de voluntades” con el directivo del Real Cartagena.