Caso Bioenergy: Exfuncionarios condenados por contrato adjudicado sin requisitos técnicos

El Juzgado 17 Penal de Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó a Ignacio Juan Revilla, exrepresentante legal de la empresa Isolux Corsan, a más de seis años de prisión y a una multa de 68.745 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

Por su parte, Jaime Leonardo Flórez, exgerente de la empresa Bioenergy, recibió una pena superior a los ocho años de cárcel y una multa de 124.985 smlmv, tras ser hallados culpables del delito de interés indebido en la celebración de contratos en el caso relacionado con Bioenergy y Ecopetrol.

La Fiscalía imputó cargos a ambos exfuncionarios en 2019, en el marco de una investigación que examinaba el proceso de adjudicación de un contrato a la empresa Isolux Corsan para la construcción de una planta de etanol en Puerto López, Meta.

Este contrato, que tenía un costo inicial de 138.6 millones de dólares, estaba destinado a la producción de etanol utilizando caña de azúcar, el cual luego debía ser comercializado por Bioenergy.

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Según la Fiscalía, a pesar de que se presentaron dos consorcios para ejecutar el proyecto, el exgerente de Bioenergy, Javier Leonardo Flórez Muñoz, aprobó la contratación de Isolux Corsan sin que esta empresa tuviera la experiencia técnica necesaria en plantas industriales de alcohol carburante, lo que provocó retrasos significativos en la ejecución de las obras.

La investigación determinó que la falta de experiencia técnica de la empresa contratista incumplió los requisitos esenciales establecidos para la obra, lo que afectó el avance y el cumplimiento del contrato.

El fallo del juzgado subraya la responsabilidad de los condenados en la toma de decisiones que favorecieron a Isolux Corsan, sin considerar los intereses de la empresa contratante ni las necesidades del proyecto.

La condena a los exfuncionarios refleja la gravedad de la conducta en el manejo de los recursos públicos y la falta de diligencia en la ejecución de contratos de gran magnitud.

Además, para la justicia, este caso resalta la importancia de la transparencia y la correcta adjudicación de contratos en proyectos de infraestructura, especialmente cuando involucran recursos públicos significativos y tienen un impacto en el desarrollo económico de una región.